Chilpancingo, Gro.

Constituida hace 20 años –octubre de 1995– para enfrentar la delincuencia y posteriormente a los cárteles de la droga, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se encuentra dividida y en confrontación armada. Al menos nueve de sus dirigentes están presos.

Tras la ruptura de la CRAC-PC nació la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y de ésta el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg).

Una cuarta vertiente de esa agrupación, que actúa en forma independiente, se constituyó en la casa de justicia La Patria es Primero, en Tixtla, procedente de la casa de justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, a la que pertenecían Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera, Bernardino García, Benito Morales Bustos, Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, detenidos por órdenes presuntamente del ahora ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

A Aguirre Rivero se le acusa de ser uno de los artífices de la división de la CRAC-PC, cuando en 2013 empezó a entregar un millón de pesos al mes al entonces coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, actualmente preso en Acapulco.

Surge un quinto grupo

Un quinto grupo es dirigido por los autodenominados Pueblos Fundadores, cuyo líder es Cirino Plácido, con las casas de justicia de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec; El Paraíso, en Ayutla; Rincón de Chiautla, en Chilapa, y las de los municipios de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta, y de Juchitán, en la Costa Chica.

La Patria es Primero y los Pueblos Fundadores se asumen parte de la CRAC-PC, pero no reconocen la casa matriz de San Luis Acatlán.

A Eliseo Villar, electo coordinador de la casa de justicia matriz el 23 de febrero de 2013, también se le atribuye dividir a la agrupación. Inicialmente fue apoyado por el actual asesor del gobierno estatal Pablo Guzmán, y el representante jurídico de la CRAC-PC, Valentín Hernández, con la oposición de los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio.

El 18 de mayo de ese año, Aguirre Rivero anunció en su visita a la casa de justicia de San Luis Acatlán que le entregaría un millón de pesos a Villar, cuatro ambulancias y se construirían cuatro casas de justicia: la de San Luis Acatlán; la de Zitlaltepec, en el municipio de Metlatónoc; Espino Blanco, en Malinaltepec, y la recién conformada casa de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.

La primera casa que se opuso a la injerencia de Aguirre en el sistema de justicia comunitario de la CRAC-PC fue la de El Paraíso, donde participaban Nestora Salgado y sus compañeros ahora presos. No estuvieron de acuerdo, entre otras cosas, con la credencialización de sus miembros, como demandaba la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aguirre Rivero reaccionó y ordenó a Villar Castillo desconocerlos y puso el dedo en los dirigentes de El Paraíso, actualmente presos en diversos penales del país. Cirino Plácido denunció que Villar Castillo los denunció ante Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, y el propio Aguirre Rivero, en la reunión del 8 agosto de 2013.

El arresto de Nestora Salgado

El 21 de agosto, luego de la referida reunión, más de 500 militares, marinos y policías federales aprehendieron en el municipio de Olinalá, en la Montaña Alta, a Nestora Salgado. Simultáneamente, otros 500 uniformados detuvieron a 12 policías comunitarios de la casa de justicia de El Paraíso, entre ellos su coordinador García Francisco. Paradójicamente, liberaron a 50 presuntos delincuentes.

Continuaron las aprehensiones el 23 de agosto de 2013. Esta vez fueron detenidos 12 policías comunitarios en Quiahuitepec, municipio de Ayutla, y 10 más el 27 de ese mes, cuando bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir la libertad de Nestora Salgado.

Posteriormente, Villar Castillo expulsó a los hermanos Plácido Valerio y a su grupo, varios de ellos fundadores de la CRAC-PC y creadores de la casa de justicia en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec.

Villar Castillo desconoció también a sus antiguos aliados: los coordinadores Pablo Guzmán Hernández y Felícitas Martínez Solano, y al ex asesor Valentín Hernández Chapa, quienes en marzo de 2014 acusaron al primero de un supuesto fraude por más de 700 mil pesos para comprar 374 escopetas, 12 camionetas, un automóvil, cartuchos, uniformes y fornituras, a un grupo delictivo encabezado por Iván Soriano y Eduardo Lemus Justo.

Tras reagruparse, los seguidores de Pablo Guzmán expulsaron a Villar Castillo, quien creó la casa de Justicia de Cochoapa, en Ometepec, y en mayo de 2015 fue detenido en un enfrentamiento con policías estatales en Ometepec, donde perdieron la vida seis policías comunitarios y dos estatales.

Integración actual

Pese a que Cirino Plácido apoyó a su hermano Bruno en la creación de la Upoeg, ambos se mantienen al frente de los Pueblos Fundadores y dirigen las casas de justicia de Zitlaltepec, El Paraíso, Rincón de Chiautla y las de Cochoapa el Grande y Juchitán que forman parte de la CRAC-PC.

La casa matriz de San Luis Acatlán es coordinada por Abad García García y cuenta con el reconocimiento del gobernador Rogelio Ortega, quien designó al ex coordinador Pablo Guzmán Hernández como asesor de la Secretaría de Gobierno.

Más escisiones

Tras la detención de Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina, se dividió la casa de El Paraíso. Por un lado se formó la casa La Patria es Primero, de Tixtla, y por el otro los pueblos El Troncón, El Zapote y algunas colonias y grupos de policías comunitarios de los municipios de Huamuxtitlán y Olinalá se acogieron en la casa de San Luis Acatlán.

A la fecha existen varias experiencias de los sistemas de justicia comunitaria; sobresale el de la Policía Ciudadana y Popular, en Temalacatzingo, municipio de Olinalá, con un sistema comunitario no reconocido por la CRAC-PC, por lo cual actúa en forma independiente desde su nacimiento en diciembre de 2013.

En otros municipios surgieron grupos ciudadanos para enfrentar a la delincuencia organizada, como la Policía Comunitaria de Tianquizolco, en Cuetzala del Progreso, y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, en Apaxtla, en el norte; de auto- defensa, en San Miguel Tolapan y Tecpan, y la policía rural, hasta ahora reconocida por el gobierno estatal en los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.