Un grupo de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niños en América Latina y el Caribe realizó ayer una clausura simbólica a las instalaciones de Amnistía Internacional (AI) México, para expresar su rechazo a que la adopción de la política global de esta organización sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual, conlleve a la despenaliza ción de la prostitución, incluidos proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes.

Teresa Ulloa, dirigente de la coalición, expresó que están de acuerdo con AI en que las personas prostituidas no deben ser penalizadas en ninguna jurisdicción.

Pero sus vidas son devastadas por el severo estigma social y las graves violaciones a los derechos humanos inherentes a la prostitución.