Senadores de PAN y PRD demandaron al gobierno federal que en los operativos para combatir el crimen organizado, en particular en el que se lleva cabo para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se respeten los derechos humanos de los pobladores que habitan en poblados cercanos al Triángulo dorado.

El panista Salvador López Brito señaló que en el municipio sinaloense de Cosalá hay 250 desplazados de Durango, entre ellos 50 niños que han debido recibir tratamiento médico y sicológico, luego de varios días de caminar por la sierra.

El legislador sinaloense dijo que visitó a los desplazados el domingo pasado, quienes están atemorizados, con mucha desconfianza de regresar a sus hogares.

Por separado, Alejandro Encinas, senador del PRD, consideró también que en todas las acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas deben evitar allanamientos indiscriminados de moradas y violencia que pueda afectar a civiles.

A su juicio, la CNDH debe mantenerse vigilante y destacar a visitadores de forma permanente en la zona serrana de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde la Marina lleva a cabo la búsqueda de El Chapo.

López Brito presentó, en la sesión del jueves pasado, un punto de acuerdo, a fin de que el Senado exhorte al Presidente de la República para que las secretarías y dependencias responsables del combate al crimen organizado y de la seguridad nacional que realizan acciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y violaciones a las garantías individuales.

Solicitó también al gobierno federal otorgar recursos presupuestales a aquellos estados donde habitan desplazados por el crimen organizado y tomar las medidas necesarias para asegurar el acceso de esas familias a los servicios de vivienda, salud y educación.

Agregó que la Secretaría de Marina confirmó ya que realiza acciones en la zona señalada desde hace varias semanas, así como que ha habido diversas quejas, entre ellas de vecinos de El Verano, en Tamazula, Durango, quienes reportaron disparos desde un helicóptero hacia su comunidad y posteriormente a los poblados cercanos.

Se reveló presencia militar, detalló, en La Lagunita, El Limón, La Higuera, La Piedrosa, La Sierrita, La Tableta, El Sauz Viejo, Río de las Barras y La Calera, entre otras comunidades, donde algunos pobladores comenzaron a desplazarse hacia el municipio de Cosalá, en Sinaloa, que está territorialmente más cerca de algún otro de Durango.

Explicó que el pasado domingo visitó a los desplazados –más de 250–, quienes le explicaron que marinos les impidieron el paso, por lo que comenzaron a caminar entre la sierra hasta llegar a Cosalá, donde se han refugiado también habitantes de otros municipios serranos.

En entrevista aparte, Encinas, integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, precisó que en el encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, el pasado jueves, planteó el problema de los desplazados.

Subrayó que en la zona del Triángulo dorado ha habido experiencias lamentables con la intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, las cuales han generado mucha confrontación entre la población civil y los militares, entre ellas la operación Cóndor.

Encinas resaltó que la Marina no puede hostigar a los campesinos de esa zona que huyen de la violencia. Con independencia de que sean o no productores de enervantes, deben respetarse sus derechos humanos, agregó.