as empresas trasnacionales y nacionales que lucran y acumulan ganancias millonarias en la producción, transformación, distribución y venta para consumo de maíz estadunidense –casi todo transgénico– han formado una alianza (http://alianzaprotransgenicos.com/). Tal iniciativa, financiada por las compañías del negocio del maíz barato contaminado, seguramente responde a la grande, eficaz y legítima resistencia en favor de preservar el grano verdadero que han mantenido las comunidades autóctonas y campesinas, colectivos, alianzas de organizaciones no gubernamentales, científicos, artistas, medianos y grandes productores, consumidores, padres de familia; millones de ciudadanos de México y del mundo.

Quienes participamos en estos esfuerzos valoramos la importancia de mantener el maíz campesino y su producción al seno de sus comunidades fortaleciendo la integridad de sus territorios, con su invaluable y dinámica agrobiodiversidad y gran calidad alimentaria, libre de transgénicos y tóxicos, y como bien comunal.

La demanda colectiva que prohíbe la siembra a campo abierto de maíz transgénico y todas las otras formas que ha tomado esta resistencia, está sustentada en derecho y en nuestra Constitución; también en evidencia científica de rigor; sobre todo, en la fuerza de las comunidades campesinas y sus legítimas demandas. Implica la defensa de derechos inalienables: a una alimentación sana, a una producción de nuestro alimento básico (maíz) sin transgénicos y acorde a nuestras culturas, así como a gozar de la biodiversidad natural y agrícola propia de nuestro país, que día a día se inventa, resguarda y regenera por los campesinos mexicanos: vital para nuestra soberanía.

La motivación lucrativa, que no científica y mucho menos humanitaria de esta alianza pro transgénicos es engañosa, así como toda la propaganda que la acompaña: su razón de ser queda clara en dos ensayos recientemente publicados (http://www.jornada.unam.mx/2015/10/
11/opinion/013a1pol; http://www.jornada.unam.mx/2015/10/
03/opinion/021a1eco) .

De forma inmoral y tanto científica como humanitariamente inaceptable, las empresas reunidas en esta alianza están dispuestas a poner en riesgo la salud de todos, a violar nuestros derechos, y cancelar opciones sanas de producción y distribución de alimentos, en favor de su gran negocio. Se benefician del comercio de los excedentes de la producción subvencionada estadunidense de grano transgénico barato. Es un maíz botarga; al contrario del auténtico aún producido por millones de campesinos, este botarga es de pésima calidad nutricional, con tóxicos, altos contenidos de almidones que nos hacen propensos a la diabetes y la obesidad; a la vez, tiene bajos contenidos de fibra, proteínas y antioxidantes, los cuales ayudan a prevenir enfermedades, incluido el cáncer. Por ello, el maíz botarga importado es más barato que el auténtico que producen las comunidades campesinas mexicanas sin transgénicos.

Sorprende que en la propia alianza de empresas trasnacionales y nacionales participen científicos mexicanos que laboran en entidades públicas. Entre los que apoyan esta iniciativa hay pocos colegas de prestigiosas universidades, como la UNAM o el Cinvestav del IPN; incluso algún director. ¿Implica esto que las máximas autoridades de estas entidades están enteradas y lo aprueban? Esto sería aún más preocupante. En la página de la alianza se enlistan sólo 14 científicos mexicanos y dos de universidades de Estados Unidos. Hace unos días había algunos más, que aparecen en desplegados circulados en varias entidades del norte del país en donde se promueve el maíz transgénico. Aparecen como parte de una campaña mediática plagada de mentiras o verdades a medias, en favor de intereses monopólicos, cuyas actividades económicas tienen impactos negativos ambientales y de salud para los mexicanos.

La actual tecnología de transgénicos, liberada hace más de 20 años, persiste sólo porque aún se lucra con ella, pero es contraria a los principios científicos, que implican la búsqueda de nuevos paradigmas y avances más adecuados y con menos riesgos. Ante las evidencias de posibles daños asociados al uso de la agrobiotecnología transgénica, prácticamente prohibida en Europa, se debe aplicar el principio precautorio en México antes de que sea demasiado tarde, tomando medidas contundentes para evitar que las semillas o granos transgénicos se infiltren en las cadenas de producción y consumo de maíz, nuestro alimento básico.

Los cultivos transgénicos no cumplieron las promesas hechas para venderlos: no aumentan rendimientos agrícolas, no han solucionado el problema del hambre en el mundo, no son estables genéticamente; han fomentado la aparición de plagas resistentes y súper malezas que ameritan el uso de químicos que son aún más tóxicos, además del cancerígeno glifosato (reporte de la OMS: http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/
MonographVolume112.pdf ), presente en cerca de 9 de cada 10 cultivos. Los datos de la realidad hablan por sí mismos: reportes asocian el consumo con aumento en muertes por cáncer y falla renal aguda en Estados Unidos (https://people.csail.mit.edu/seneff/Swanson_et_al_2014.pdf).

Los científicos nos debemos a una ciencia rigurosa y guiada por los valores del conocimiento y también a la comprensión profunda, prevención y solución de los grandes problemas sociales, de salud y ambientales. Los científicos, privilegiados por generosos sueldos y becas (como la del Sistema Nacional de Investigadores) en universidades públicas, nos debemos primordialmente a la generación de conocimiento, no al negocio (propio o ajeno, con o sin patentes), sino al pueblo de México y a una ciencia trascendente comprometida socio ambientalmente.

La promoción a ultranza de los cultivos transgénicos es un ejemplo de cómo se promueve o impone antidemocráticamente la mercantilización de los productos de tecnociencias por delante de los valores del conocimiento. Esta tendencia puede minar para siempre la generación de una verdadera ciencia, trascendente y virtuosa en beneficio de todos, o incluso una tecnociencia guiada por el conocimiento y el ímpetu de beneficiar a la sociedad sin dañar el ambiente.

Los poderes fácticos monopólicos tienen capacidad particularmente preocupante de sesgar y minar el propio desarrollo científico, así como su impacto virtuoso. Por ello, la ciencia pública mexicana y sus grandes instituciones, como la UNAM, tienen una responsabilidad mayúscula para resistir las propuestas de las políticas neoliberales globalmente impuestas, las cuales están dejando al mundo sin opciones, destruyendo la vida, violando derechos colectivos y los límites de la naturaleza y contaminando los recursos naturales; cancelando el futuro.

Este y otros casos ameritan una discusión profunda y pública al seno de nuestras instituciones, exigiendo que los colegas estén dispuestos al debate respetuoso, público y sustentado con rigor, en los conocimientos científicos de frontera, transparentando los posibles conflictos de interés implicados. En la UNAM y el resto de las universidades públicas del país, necesitamos una ciencia rigurosa, dinámica y de frontera, primordialmente comprometida con la justicia y el bienestar social, el cuidado del ambiente y la invaluable diversidad natural, agrícola y cultural de México, imprescindibles para nuestra soberanía; no con las corporaciones trasnacionales.

*Presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigadora titular C del Instituto de Ecología, y Consejo Asesor del Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.