a reciente negativa del gobierno de Estados Unidos a entregar a México 15 por ciento de los recursos destinados por el primero a la cooperación bilateral en materia de seguridad, en la llamada Iniciativa Mérida, debe ser entendida en el contexto de la creciente presión internacional para que México reconozca la grave crisis de derechos humanos que atraviesa. El hecho de que un aliado tan relevante para el Estado mexicano tome esa decisión es símbolo de un mal diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad.

Es importante recordar que la Iniciativa Mérida surge de una carta de acuerdo firmada en 2008 como forma de institucionalizar esta rama de la cooperación México-EU, lo que implica sobre todo temas de crimen organizado, pero también de migración. Ello supone necesariamente la corresponsabilidad del segundo en las graves violaciones a los derechos humanos, evidenciadas a partir de los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Paradójicamente es ahora el propio Departamento de Estado estadunidense el que asesta un nuevo golpe a la credibilidad del Estado mexicano.

La pregunta que vale la pena hacerse en este contexto es: ¿resulta suficiente y significativo este modesto recorte para favorecer la vigencia de los derechos humanos en México? Naturalmente, la respuesta es no, porque una medida de esta naturaleza sólo busca lavar la imagen de Estados Unidos y disminuirle costo político de una situación en la que están más involucrados de lo que quieren reconocer. Ejemplo es la situación crítica que viven los migrantes en tránsito por México, directamente relacionada con esta cooperación, a través del Plan Frontera Sur. La situación que ahora es reconocida con la disminución de sólo 5 millones de dólares, debe en cambio ser una nueva oportunidad para cuestionar las estrategias de seguridad de EU, las cuales conllevan violaciones graves a los derechos humanos. Las organizaciones articuladas en la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina ya a 75 organizaciones en 21 entidades de la República, hemos planteado recientemente en nuestra Agenda Política 2015-2020 que la inseguridad y el incremento de la violencia, expresada en sus diversas formas (directa, estructural y cultural), es parte de las consecuencias del despojo criminal de la nación.

Despojo que se expresa en toda su crudeza en la realidad de la violencia e inseguridad y la movilidad humana forzada en sus distintas expresiones. La Iniciativa Mérida ha favorecido la implantación de un lenguaje de seguridad nacional y pública, con toda la carga de violencia que implica, generando miedo y robusteciendo la figura de un enemigo interno para justificar un sistema de seguridad violatorio a los derechos humanos individuales y colectivos. Incluso, recientemente ha sido aprobada la presencia de agentes estadunidenses operando armados en México, a pesar de experiencias como la del operativo Rápido y furioso, con el que se introdujeron armas a México por agencias estadunidenses, sin avisar incluso a sus contrapartes mexicanas. Algunas de esas armas –conviene no olvidarlo– fueron utilizadas por ejemplo para ejecutar a un grupo de jóvenes en Salvárcar, Ciudad Juárez, y muchos otros casos más como éste. Y así, en esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuyos impactos en la sociedad han sido devastadores, ambos gobiernos son corresponsables. Por ello, la mencionada disminución de recursos, de por sí escasa, resulta además insuficiente, pues lo que se tendría que hacer es rediseñar las políticas públicas para garantice la seguridad de las personas, pero mediante la vigencia y garantía de los derechos humanos.

En este replanteamiento se tendría que incluir el tema de la movilidad humana, privilegiando necesariamente el bienestar de las personas y las comunidades, y favoreciendo la reunificación de las familias. De manera más específica, ubicamos dos estrategias que podrían ser efectivas a partir de este enfoque. Por una parte, el establecimiento de políticas de control y fiscalización de drogas de carácter internacional, y no bilateral, con la garantía de que no se repetirán graves violaciones a los derechos humanos. La implementación de esta política debería considerar un apego sistemático a los controles, procedimientos y protocolos que eviten las agresiones, desapariciones y tortura por las fuerzas de seguridad a la población civil. La otra estrategia es revalorar el enfoque punitivo de la política de drogas. En un contexto donde distintos países están experimentando nuevas vías, la brutalidad de la violencia con que México ha recibido al nuevo milenio parece un signo claro de que es necesario cambiar. Los derechos humanos emanan de la convergencia entre libertad y responsabilidad. Posiblemente esa fórmula nos pueda iluminar para abandonar esta terrible oscuridad en que la violencia nos ha envuelto. Como expresó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la combinación de miedo, ambición e impunidad crónica es potente y millones de personas están sufriendo este coctel venenoso que una vez fraguado es difícil de eliminar.