Más allá de las palabras y los compromisos firmados por los representantes del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, se requiere una firme voluntad política para que los acuerdos se traduzcan en hechos concretos para saber la verdad y conocer el paradero de los 43 jóvenes normalistas, aseguró Santiago Aguirre, vicepresidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Dijo que si el gobierno federal está dispuesto a rectificar la teoría del caso, como declaró la víspera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su reunión con la comisión legislativa para el caso Ayotzinapa, tendría que asumir la fragilidad de la hipótesis oficial y haber un esfuerzo claro y concentrado desde el gobierno para reiniciar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y eso no lo hemos visto.

Entrevistado vía telefónica, ya que se encontraba en Washington donde participó en representación del Centro Pro como instancia peticionaria ante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Aguirre consideró muy importante que se hayan formalizado las condiciones mínimas para que el grupo de expertos pueda continuar su tarea en México, mediante los 10 acuerdos suscritos y aceptados por el gobierno mexicano.

Sin embargo, consideró que aún quedan varios puntos en los que el gobierno federal no ha terminado de mostrar la voluntad política que se requiere para avanzar, que se relacionan con la solicitud para entrevistar a los elementos del 27 batallón de infantería del Ejército que estuvieron en Iguala los días de la agresión y desaparición de los estudiantes.

Destacó que la negativa gubernamental se reiteró en la audiencia pública de la CIDH y consideró que esa postura provocó que en la sesión se pusiera en duda quién tiene el mando en las fuerzas armadas: los militares o el poder civil.

Acerca de la exclusión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) del caso Iguala y dejarla a cargo de un nuevo equipo de investigadores, el directivo del Centro Pro recordó que el grupo de expertos señaló en su informe que en las pesquisas pudo haberse configurado una obstrucción a la justicia, en la medida en que hubo un sesgo que favoreció la hipótesis de que los normalistas fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.

Consideró que la reciente decisión es importante, pues esos funcionarios dejarán de tener en sus manos el expediente, a efecto de que nuevos ojos puedan conducir la investigación. No obstante, subrayó que lo esencial es que el nuevo equipo de investigadores cuente con el visto bueno del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No importa qué instancia sea la encargada, sino que el plan de investigación sea supervisado por el grupo de expertos, dijo.