Bruselas.

La Comisión Europea (CE) dictaminó que Starbucks y Fiat se beneficiaron de acuerdos fiscales ilegales con los gobiernos de Holanda y Luxemburgo, casos con implicaciones importantes en la fiscalidad de empresas multinacionales.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, dijo que todas las empresas deben pagar una cuota justa y ordenó a Holanda recuperar entre 20 y 30 millones de euros (23 a 34 millones de dólares) en concepto de impuestos no pagados de la cadena estadunidense de cafeterías. Luxemburgo, por su parte, debe recuperar una cantidad similar del fabricante italo-estadunidense de automóviles Fiat Chrysler Automóviles.

Starbucks señaló que piensa apelar, haciéndose eco de las declaraciones del gobierno holandés, que acusa al brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) de errores significativos en su evaluación. Luxemburgo, país cuya economía se ha construido en buena parte con incentivos a empresas multinacionales, dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y que se reservaba el derecho a apelar. Fiat negó haber recibido ayudas del estado luxemburgués.

Vestager, una danesa que ha rechazado acusaciones de sesgo anti-estadunidense tras haber lanzado otras investigaciones fiscales sobre Apple y Amazon y de competencia sobre Google, evitó inmiscuirse en los derechos celosamente guardados de los gobiernos de la UE acerca de fijar sus propios tipos impositivos. La cuestión, subrayó, es que las empresas estaban siendo tratadas de manera diferente dentro del mismo sistema nacional.

Las decisiones envían un mensaje claro, refirió ante periodistas en Bruselas. Las autoridades fiscales nacionales no pueden conceder a una empresa, por grande o poderosa que sea, una ventaja competitiva injusta sobre las demás. Para la mayoría de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, espero que éste sea un mensaje tranquilizador.

La comisión comentó que Starbucks se benefició de una resolución fiscal –en garantía de niveles de impuestos futuros– de las autoridades holandesas en 2008 y Fiat de una resolución de Luxemburgo en 2012.