En la sección minera 64 de Torreón, Coahuila, se realizó un recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo de Met-Mex Peñoles, en el que “directivos de la empresa recurrieron a tretas y maniobras ilegales, amenazas de despido y chantajes contra los trabajadores con el fin de inclinar los votos en favor de un gremio charro que obedece a la compañía”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que el objetivo de dichas prácticas fue quitarle la titularidad del contrato, para lo que también se compró la voluntad de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y se burló la voluntad real de los auténticos trabajadores en esa sección.

Destacó que el recuento que tuvo lugar el lunes pasado devino en un indeseable fraude y atentado contra los mineros que históricamente han pertenecido al gremio encabezado por Gómez Urrutia.

Se trató de una acción humillante y denigrante para los verdaderos trabajadores y para México, y una vergüenza inaudita que autoridades federales y estatales se coludan con Peñoles para impedir que los trabajadores se manifiesten libremente, indicó el gremio.

Según denunció, el proceso se llevó a cabo con intolerables violaciones a la ley, pues Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, no solo presionó con despedir a trabajadores para impedir su libre manifestación, sino que se hizo de la voluntad de los directivos de la JLCA, mientras amenazó a representantes y líderes de los mineros, quienes fueron expulsados del trabajo por tratar de impedir que se realizaran las maniobras de la empresa.

El sindicato nacional minero detalló que la ilegalidad dio inicio tiempo atrás, cuando Peñoles se negó persistentemente a realizar ese recuento e impuso a la JLCA una serie de requisitos ilegales para coartar la voluntad de los trabajadores, después de que logró inclinar en su favor dicha instancia mediante complicidades y cohecho.

Además, dijo, Met-Mex Peñoles promovió en Torreón el proselitismo del sindicato charro que encabeza Carlos Pavón; el día del recuento llevó provocadores que rodearon la zona de urnas.

Sin embargo, cuando los abogados del sindicato minero presentaron un recurso de amparo contra estas ilegalidades, el juez de distrito que vio el caso se negó a otorgarlo, impidiendo al gremio la garantía de audiencia que mandata el artículo 8 constitucional.

Asimismo, los representantes del gremio minero afirman que se violentó el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que señalaron que recurrirán a todos los recursos que sean necesarios para revertir este perjudicial resultado, y exigieron a las autoridades, tanto federal como estatales y municipales de Coahuila, que respeten las leyes, ya que no cejarán en su lucha por el respeto a los intereses y a la dignidad del gremio minero.