El gobierno federal y el grupo de expertos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa acordaron el lunes pasado en Washington ‘‘sacar la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de forma inmediata’’ y poner ‘‘toda la información existente’’ en manos de un nuevo equipo de investigadores bajo el mando del subsecretario de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos.

Durante la audiencia pública en la 158 plenaria de la CIDH, que se llevó a cabo en presencia de la plana mayor de la Comisión Interamericana, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los defensores de las familias de los desaparecidos y asesinados de la normal, Betanzos reconoció que un nuevo equipo de investigadores bajo su mando se hará cargo de la averiguación. Dijo que en este ‘‘relanzamiento’’ de la investigación se tomarán en cuenta todas las recomendaciones del GIEI –más de 200– incluyendo la aplicación del Protocolo de Estambul para los presuntos perpetradores presos que acusan lesiones corporales, posibles rastros de tortura durante los interrogatorios para condicionar sus respuestas y configurar una hipótesis predeterminada del caso.

De acuerdo con lo dicho por el brasileño James Cavallaro, comisionado y relator para México, 77 por ciento de los detenidos y procesados como presuntos ejecutores de los estudiantes registran este tipo de lesiones corporales, propias de lo que llamó ‘‘apremios físicos’’.

Cavallaro y la presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, pidieron precisiones a los representantes del Estado mexicano sobre la reiterada negativa a la petición del GIEI de entrevistarse con 16 soldados que el 26 de septiembre de 2014 estaban destacados en el 27 batallón de infantería y que fueron enviados a patrullar y observar los escenarios donde se dio la agresión contra el convoy de normalistas.

Cavallaro preguntó:

–Sobre las declaraciones del general Salvador Cienfuegos, cito: ‘‘No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que los traten como criminales’’. ¿Depende la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario del Presidente y de la autoridad civil? ¿El jefe de la Sedena puede decidir quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del Presidente?

El subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa, respondió que el mandatario es el comandante supremo de las fuerzas armadas y que el acceso de los expertos de la CIDH para interrogar directamente a la lista de soldados ‘‘no es parte del acuerdo’’ que se suscribió ayer entre el GIEI y la PGR.

Insistió en que en el expediente del caso Ayotzinapa se incluye el interrogatorio a casi 50 integrantes del 27 batallón. Y si se quieren ampliar estos cuestionamientos ‘‘se atenderá el marco legal’’.

La presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine quiso saber:

–¿Esto es un sí o un no (a la petición del GIEI)?

–Nos habremos de sujetar exclusivamente a los 10 puntos acordados con la PGR –respondió Campa.

Ángela Buitrago, del GIEI, lamentó que a seis peticiones presentadas para entrevistar directamente a los soldados ‘‘la respuesta ha sido evasiva’’. Añadió que el 16 de agosto de este año la PGR integró al expediente declaraciones de los 16 soldados, ‘‘sin que siquiera se comentara al grupo’’.

Campa le dijo, ‘‘con el mayor de los respetos’’, que los 10 puntos acordados el lunes sí contemplan esta posibilidad que el GIEI considera esencial para la búsqueda de los 43 estudiantes. Más tarde, en conferencia de prensa comentó que, en efecto, ‘‘se abrió una compuerta’’ para esta posibilidad.

Sobre la petición del colectivo de víctimas y sus defensores de ampliar el plazo del mandato del GIEI por tiempo indefinido, en su calidad de coadyuvante el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro presentó un video en el que varios de los padres de los 43 desaparecidos piden ‘‘que el grupo se quede entre nosotros hasta saber la verdad’’.

Campa respondió que el Estado mexicano solicitó a la Organización de Estados Americanos una respuesta urgente a su petición de firmar un adéndum para la ampliación del plazo por seis meses más y “no se ha recibido notificación.

Sobre este particular, Mario Patrón puntualizó que en la cláusula 10 del convenio para la creación del GIEI está expresada la facultad de ampliar el mandato ‘‘sin necesidad de firmar un adéndum que signifique mayor carga procesal’’.

Algunos puntos acordados son: sacar la investigación de la Seido, proporcionando toda la información a un nuevo equipo de investigación. Con esta medida, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, ya no tendrá injerencia en el caso. También realizar un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego del basurero de Cocula, decidiendo de manera conjunta los objetivos, la conformación del equipo de peritos y la forma como se realizará el estudio, y fijar el mecanismo de futuras diligencias, con la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes.