Sao Paulo.

El informe inicial de una investigación del Congreso brasileño sobre corrupción en la estatal Petrobras concluyó que la compañía y los políticos no actuaron mal, y que proveedores y empleados corruptos fueron los responsables de los sobornos. Además, hizo 14 propuestas para mejorar la gobernanza de compañías estatales y cambios en la ley anticorrupción del país.

Desde Finlandia, la presidenta Dilma Rousseff afirmó que su gobierno no está involucrado en ningún esquema de corrupción, en alusión a los desvíos ilegales en Petrobras. Señaló que no es su gobierno el que está siendo acusado, al responder a declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, que lo implicó y calificó de el mayor escándalo de corrupción del mundo.

El informe del relator oficial del comité, Luiz Sergio, miembro del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), también criticó el manejo de la policía y de los fiscales de la investigación conocida como Lavado de Auto sobre arreglo de contratos y sobornos a políticos en la petrolera Petrobras, de acuerdo con el servicio de noticias del Congreso.

Varios testigos, así como versiones en la corte de ex funcionarios de Petrobras y contratistas condenados por su papel en el escándalo, han dicho al comité, bajo juramento, que el dinero fue desviado a partidos políticos, incluido el PT.

El relator criticó el exceso de acuerdos de culpabilidad a cambio de la reducción de sentencias para obtener confesiones de actores claves del caso. También dijo que no había pruebas de que el dinero fuera desviado de proyectos de Petrobras a políticos, o que hubiera dinero directamente destinado a sobornos políticos.

Varios miembros del comité investigador han pedido revisar formalmente el reporte de Luiz Sergio y podrían intentar hacer enmiendas antes de que se realice una votación final, posiblemente esta semana.

No comentaré las palabras del presidente del Congreso, dijo Rousseff, quien sigue su gira europea. Sin embargo, le recordó a Cunha la investigación judicial en su contra por cuentas bancarias en Suiza, supuestamente procedentes de Petrobras, y aseveró que la acción de su gobierno no será inviabilizada por la oposición, por muchos pedidos de impeachment (juicio político) que se presenten.

En tanto, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) anunció que este miércoles presentará un nuevo pedido de juicio de destitución contra Rousseff dirigido al líder parlamentario Eduardo Cunha, enemigo jurado de la mandataria.

El PSDB, que ya había presentado su protocolo de impeachment por irregularidades del Ejecutivo en el manejo de cuentas públicas, reformuló su petición con más elementos jurídicos y espera que Cunha dé el visto bueno para que el trámite siga adelante.

Un eventual proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff forma parte de las reglas del juego democrático, de nuestras instituciones republicanas que son sumamente sólidas, afirmó el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.

En otro asunto, Human Rights Watch denunció que la falta de vigilancia en las sobrepobladas prisiones estatales de Brasil ha llevado a que el personal en algunas instalaciones ceda el control a internos seleccionados, quienes extorsionan y venden drogas e incluso los espacios para dormir en las celdas.