Cuernavaca, Mor.

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a recibir la denuncia del activista Jaime Domínguez Pérez, quien acusa a elementos del mando único del estado, agentes del Ministerio Públicos y a un médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE) de haberlo torturado e infligido tratos inhumanos.

La abogada Laura Ozuna y activistas de varios poblados del oriente de la entidad que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) informaron lo anterior en rueda de prensa frente al palacio de gobierno estatal.

Ozuna dijo que personal de la PGR no admitió la denuncia con el argumento de que no es de su competencia, y los remitieron a la FGE, pero de ser esta instancia la que tome la investigación sería juez y parte.

Jaime Domínguez Pérez fue detenido el 19 de septiembre de 2013 en la colonia Gabriel Tetepa, en Cuautla, durante una manifestación contra las obras del gasoducto y el acueducto del PIM. Policías y otros hombres con chalecos de la Comisión Federal de Electricidad lo aislaron del grupo de manifestantes y lo golpearon.

Fue liberado dos días después tras pagar una fianza de 610 pesos. Durante ese lapso, dijo, fue víctima de amenazas, maltrato, privación de agua y alimentos, golpes en los oídos y otras partes del cuerpo, y fue mantenido esposado, lo cual le ocasionó hinchazón y calambres en manos, brazos, hombros y espalda.

Presentó su testimonio sobre en abril de 2014 ante Juan E. Méndez, relator especial sobre Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Organización de Naciones Unidas; además, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sigue en proceso.

José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Samantha César, del Centro de Estudios Sociales y Culturales; Antonio de Montesinos, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Amnistía Internacional intervinieron en su ayuda.

Acoso policiaco

Domínguez responsabilizó a los policías estatales y al gobernador perredista Graco Ramírez de cualquier daño que pudiera sucederle, pues a partir de que presentó la denuncia ha sido perseguido por policías que le toman fotos en lugares públicos.