El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, propuso en el Senado replantear las sanciones a los partidos políticos que transgredan los principios constitucionales que rigen las elecciones, pasar de los castigos económicos a la pérdida temporal del registro, en particular cuando se trate de ilícitos sobre financiamiento y el modelo de comunicación política.

Al participar en el conversatorio Experiencia y reflexiones del proceso electoral 2014-2015, realizado en el Senado, y por la mañana en el Observatorio de justicia electoral, detalló: En el régimen punitivo o de sanciones, en el procedimiento especial que se tramita contra los verdaderos atentados contra el modelo de comunicación política en los procesos electorales, en mi perspectiva está con énfasis el tema de la multa, es decir, el de las castigos pecuniarios. Se hace eco de la multa como la medida más eficaz, ejemplar y disuasiva en esta clase de conductas.

Sin embargo, apuntó, hay un debate muy fuerte afuera de los espacios donde se hace política y se imparte justicia, de que si las multas, que al final se pagan con financiamiento público, son verdaderamente eficaces y ejemplares para disuadir ese tipo de conductas.

Por ello, planteó, dejo en el debate la posibilidad de transitar hacia la suspensión temporal de la vigencia del registro de los partidos políticos en el proceso electoral o con posterioridad al mismo, ponerlos en un punto de equilibrio. Lo digo como juez: abramos un debate vigoroso para encontrar soluciones intermedias.

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova –quien también participó en los dos actos–, sostuvo que al hacer un corte de caja sobre la reforma electoral de 2014, hoy lo que podemos decir es que el modelo funciona. La reforma, luego de su primera prueba de ácido, demostró su viabilidad.

Empero, apuntó, se requiere un nuevo cambio, pues hay modificaciones pendientes, como la ley reglamentaria al artículo 134, que no se ha procesado desde 2007. Incluso, en el cambio de 2014 se estableció un transitorio por el que debería expedirse esa norma reglamentaria en un año y tampoco se efectuó.

Explicó que entre los elementos que deben revisarse para una eventual reforma electoral están: la legislación reglamentaria del 134; las medidas cautelares del proceso sancionador; regular de mejor manera las candidaturas independientes, porque hay pendientes, como el financiamiento y la modernización de los tiempos de fiscalización.

De igual forma, dijo, deberían revisarse los montos destinados al financiamiento público local de los partidos políticos. Tal vez valga la pena racionalizar los montos que se invierten en la política, aseveró.

Subrayó: Repensar el financiamiento del Estado mexicano en el desarrollo de la política y la democracia puede abonar en ese sentido.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, destacó que en el pasado proceso electoral se iniciaron mil 793 averiguaciones previas. Destacó que los delitos que siguen cometiéndose en los procesos federales son: duplicidad de identidad y anomalías en el domicilio, lo cual se conoce como turismo electoral; compra de votos; alteración, destrucción y condicionamiento de programas sociales, así como violencia política contra mujeres.

Destacó que en Chiapas hubo casos de domicilios irregulares de guatemaltecos, a quienes con actas falsas extemporáneas se expidieron credenciales electorales.