Reciclada a partir de la necesidad oficial de enfrentar las denuncias por presuntos conflictos de interés que involucraban al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y a su círculo cercano en el gabinete, pese a que desde el comienzo había sido decretada su desaparición, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se ha abocado, durante la gestión de Virgilio Andrade, además de la exoneración presidencial, a imponer sanciones pequeñas a funcionarios de niveles menores.

De acuerdo con información sobre el personal del gobierno federal que ha sido castigado y las causas desde la llegada de Andrade a la dependencia, el informe da cuenta de 5 mil 402. Se les han impuesto sanciones por diversas causas, tanto por la SPF como por órganos de control interno de cada secretaría. Sin embargo, más de 95 por ciento de casos son por dos causas principales: negligencia administrativa e incumplimiento en la declaración de la situación patrimonial.

Del 3 de febrero a la fecha, la SFP no ha atendido ni un caso en el que la situación haya sido de tal gravedad que fuera necesario turnarlo a la Procuraduría General de la República por fincar alguna responsabilidad penal, toda vez que las facultades de la SFP sólo le permiten imponer sanciones administrativas.

Anualmente, a partir de determinados niveles de mando, los funcionarios están obligados a presentar su declaración sobre las modificaciones en su situación patrimonial. En caso de incumplimiento, que de acuerdo con datos de la SFP suele ser recurrente, la dependencia impone castigos que, de acuerdo con el caso, pueden ir de amonestación a inhabilitación, en función de si se incumplió totalmente esa obligación o bien se entregó la declaración de modificación patrimonial de forma extemporánea, lo cual implica una sanción, pero con atenuantes.

Cabe recordar que en el proyecto original de la actual administración se pretendía desaparecer la SFP como paso para crear el sistema anticorrupción, lo cual motivó su eliminación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, un transitorio en la reforma permite mantener su existencia hasta que se conforme el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con el surgimiento del escándalo de la Casa Blanca –propiedad de la esposa del presidente, Angélica Rivera– se recicló la SFP para integrarla al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. La designación de Andrade fue el primer paso para su relanzamiento como la principal dependencia responsable de fiscalizar y controlar los recursos públicos.

Además de las dos causas de penas mencionadas, del listado de más de 5 mil sanciones –que no necesariamente es el número de funcionarios castigados, pues un servidor público puede recibir más de uno en un expediente– existen casos en los que se decretó inhabilitación, sanción económica o destitución por denuncias relacionados con cohecho o extorsión, si bien no hay más de 20 casos de denuncias por ese tipo de irregularidades.

Otras violaciones a la ley en que incurren los funcionarios son irregularidades en el manejo de la normatividad presupuestal, cuya sanción depende fundamentalmente de la gravedad de la manipulación en el ejercicio de los recursos. Vinculado con ese tipo de irregularidades se encuentran inconsistencias en el proceso de contratación de personal.