La Secretaría de Marina (Semar) dijo este domingo desconocer que se haya haya presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alguna queja en días recientes contra la Armada de México o alguno de sus efectivos por presuntas violaciones a derechos humanos de pobladores del municipio de Tamazula, Durango, donde se han realizado diversos operativos militares, fundamentalmente con el objetivo de ubicar y detener a Joaquín El Chapo Guzmán.

‘‘En relación con la información difundida por diversos medios donde señalan que familias de Tamazula han presentado quejas por violación a derechos humanos contra elementos navales, la Secretaría de Marina informa que hasta el momento esta secretaría no ha recibido notificación oficial alguna en relación con esas denuncias de la población antes referida’’, indicó la dependencia.

Añadió que ‘‘para el desarrollo de las operaciones navales, los integrantes de la institución son capacitados constantemente con el fin de distinguir entre lo que es una legítima defensa de un abuso de fuerza. Por tanto, ante este tipo de hechos, la Armada es la primera en propiciar que la ley se aplique en el presunto caso de que un elemento viole los derechos humanos’’.

El pasado jueves, la titular de la Fiscalía General de Durango, Sonia Lagarza, confirmó en diversas entrevistas que hay elementos de la Marina en la sierra de Durango, Sinaloa y Chihuahua, conocida como ‘‘triángulo dorado’’, quienes ya tienen más de un mes trabajando en esa región en diversas operaciones, como la erradicación de plantíos de estupefacientes.

La funcionaria confirmó que sí ha habido operativos de la Marina y comentarios en redes sociales en torno a que los elementos de la Armada tenían ‘‘sitiados’’ algunos poblados de Tamazula, a 40 minutos de Culiacán, y a seis horas de la capital de Durango.

La fiscal comentó que ella sólo recibió una llamada del secretario del ayuntamiento que comentaba que en el poblado El Verano, elementos de Marina tenían ‘‘sitiado’’ el lugar, pero al comunicarse con la dependencia federal les manifestaron que la gente podía entrar y salir y que realizaban un operativo de reconocimiento, aunque llevaban a cabo revisiones a las personas dentro de un retén, pero que no limitaban ingreso ni salida.

Ante quejas por ‘‘desplazamiento de algunas personas a Cosalá, los gobiernos de Sinaloa y de Durango han estado al pendiente de los requerimientos de estas familias; ellos dicen que se sienten inseguros al encontrarse la Marina en la zona; sin embargo, hasta este momento nosotros no tenemos una denuncia por violación a derechos humanos’’, dijo la fiscal.