ecidido a devastar el de por sí famélico régimen de beneficios sociales para los mexicanos, el gobierno peñanietista cocina oootttrrraaa reforma al sistema nacional de pensiones, ahora con el pretexto de que no fue él, sino la OCDE la que propone modificaciones de raíz en este renglón, y, solícito, el de Los Pinos –junto con sus levanta dedos– se apresta a darle trámite en el Legislativo, en acción concertada por el mismísimo ministro del (d) año.

Será la reforma número cinco en igual número de sexenios consecutivos (de Salinas a Peña Nieto), y a estas alturas, casi cinco lustros después, el resultado concreto de tales modernizaciones es que seis de cada diez mexicanos ocupados no tienen posibilidad alguna de pensionarse, y los que milagrosamente lleguen a lograrlo obtendrán un ingreso verdaderamente miserable.

Así, muy lejos de resolver el problema de las pensiones, los genios tecnocráticos y sus reformas simplemente lo agudizaron hasta convertirlo en una bomba social con mecha cada día más corta. Lo mejor del caso es que la modernización del sistema del ahorro para el retiro se llevó a cabo con bases sólidas para fomentar el ahorro a largo plazo y mejorar la situación económica de los trabajadores al momento de su retiro (Salinas dixit).

Mejor aún, los cambios se hicieron por ser la gran solución social al México moderno de hoy, pues se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo (Zedillo dixit, al dar el banderazo de salida al jugoso negocio de las Afore). Eso sí, ninguno de los cinco sexenios referidos ni por aproximación alteró los regímenes pensionarios privilegiados que benefician a la burocracia dorada, pues los funcionarios de primer nivel (en la estructura gubernamental, no por eficiencia o ética) alcanzan pensiones que rondan los 300 mil pesos mensuales.

Esas pensiones doradas, como se ha comentado en este espacio (la información es de la Auditoría Superior de la Federación, con datos al cierre de 2013), en el Banco de México las pensiones para los de arriba llegan a 232 mil pesos por mes; 225 mil en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; 285 mil en Luz y Fuerza del Centro (en proceso de liquidación); 254 mil en la Comisión Federal de Electricidad; 200 mil en Bansefi; 209 mil en la Universidad de Nayarit y en la de Nuevo León (ambas entidades públicas); 109 mil en el Consejo de la Judicatura Federal; 111 mil 800 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 250 mil en Pemex y Bancomext; entre 150 mil y 180 mil en Banobras y Nacional Financiera, y así por el estilo, sin olvidar a los ex inquilinos de Los Pinos, el aparato de seguridad y los ex gobernadores, más las liquidaciones en el Legislativo.

Eso no se toca. Por el contrario, sexenio tras sexenio se incrementa, al tiempo que modernizan las pensiones para la prole, a la que en el mejor de los casos, y sólo en él, alcanzan una pensión mínima garantizada de 2 mil 300 pesos en el IMSS y 4 mil pesos en el Issste, aunque en los hechos suele ser menor a ese monto.

Agárrense, pues, que en el horno de Los Pinos, con el chef Videgaray a la cabeza, y los pinches en el Legislativo, ya se cuece oootttrrraaa reforma a las pensiones, con el fin no de mejorarlas, sino de arrasar con lo poco que quedaba. Desde abril pasado se planteó la posibilidad de una nueva modernización, y es obvio que en esto no pierden el tiempo. La Jornada (Israel Rodríguez) lo informó así:

“Los trabajadores que hoy tienen una pensión garantizada bajo el esquema de beneficios definidos serán llevados a un sistema mixto en el que una parte de su retiro deberá ser financiado por ellos mismos, de acuerdo con una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lanzada esta semana.

“La propuesta del organismo fue presentada el jueves pasado, un día antes de que, según versiones periodísticas, Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado, informó que el sistema de pensiones será reformado en abril de 2016. El legislador reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se reunió con senadores para planear el diseño de la iniciativa. Se consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el tema y declinó hacer comentarios.

“El estudio de la OCDE presentado el pasado jueves 15 propone un esquema de prorrata, por medio del cual todos los trabajadores –incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en julio de 1997, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos– migrarán a otro basado en la cuenta individual de contribución definida a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

“Los trabajadores más afectados serán los de la generación de transición que empezaron a trabajar bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973, la cual les brindaba una pensión de ciento por ciento de su último salario, pero al efectuarse la reforma de 1997 a la Ley del IMSS, que cambió el sistema de pensiones, a estos trabajadores se les otorgó el beneficio de decidir en qué régimen deseaban jubilarse, si en el de 1973 o en el de 1997, a través del sistema de Afore.

“Después de 18 años de haberse efectuado estos cambios, descubren que con el régimen de cuentas individuales representado por las Afore los trabajadores sólo obtendrían 25 por ciento de su último salario, aunque las autoridades continúan diciendo que fue un éxito, afirmó Gustavo Leal Fernández, especialista en seguridad social y salud.

La semana pasada, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, en su visita a México dijo que el nuevo sistema de contribución definida sólo tendrá éxito si se incrementan las aportaciones obligatorias y se introduce un mecanismo de prorrata para allanar la transición del viejo al nuevo sistema de pensiones.

Se constata, pues, que en materia de pensiones, los logros son innumerables (Consar dixit). Y agárrense, porque vienen más.

Las rebanadas del pastel

Congruencia, ante todo: dicen los diputados panistas que votarán en contra de la parte tóxica de la Ley de Ingresos para 2016, y de todo aquello que siga dañando la economía de los mexicanos. Es decir, los ágiles blanquiazules cuestionan lo que ellos mismos eufóricamente aprobaron en 2013 (aumento a la tasa de ISR, IVA en la frontera y en una interminable lista de productos –como las croquetas– e IEPS a todo lo que se mueva), o lo que es lo mismo, lo que ha dañado a la economía de los mexicanos.

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