El presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos del Distrito Federal (Infodf), Mucio Hernández Guerrero, informó que 30 mil servidores públicos, desde jefes de unidad hasta el jefe de Gobierno, presentaron en septiembre pasado su declaración de conflicto de intereses, con la finalidad de prevenir actos de corrupción por quienes toman decisiones sobre los recursos púbicos para favorecer intereses personales.

La solicitud de la declaración de conflicto de intereses a estos 30 mil funcionarios, entre ellos integrantes de los consejos de administración y de adquisiciones, comités de obras, recursos, financieros, administrativos y humanos, es una de las primeras medidas que aplicó el jefe del Ejecutivo local en el contexto de las 18 reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, para cuya instrumentación en la ciudad fue convocado el Infodf, con el propósito de ponderar los derechos de los funcionarios en términos de datos personales de familiares hasta cuarto grado, motivo por el que se trabajó en un mecanismo que permitiera proteger el asunto de los datos personales, al mismo tiempo que las declaraciones fueran lo más públicas posible.

La medida permitirá generar un monitoreo ciudadano, por medio del cual las licitaciones, las compras, en fin, todo lo que tenga que ver con recursos, sea un asunto claro y que mediante esta información, que será pública para los ciudadanos, se pueda detectar si algún funcionario incurre en conflicto de intereses y en una falta administrativa al llevar el dinero que es de todos hacia otro lado. Ese es el tema, es parte de un mecanismo de blindaje, dijo el funcionario.

Además de esta medida, se haría necesario reformar el artículo 73 constitucional, para dar facultades a la Asamblea Legislativa, y crear una ley de responsabilidades de los funcionarios públicos local.

El funcionario comentó lo anterior en la conferencia de prensa en la que la fracción parlamentaria del PRD presentó una iniciativa de ley para que los funcionarios y diputados de la capital transparenten sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal.