El plan antidelito del gobierno federal recortará sus programas debido a la reducción presupuestal prevista para 2016. Una opción ante esta circunstancia es apoyarse en los recursos destinados al mejoramiento de la seguridad pública en municipios y en la propia estructura gubernamental.

La cantidad de recursos disponibles disminuirá 20 por ciento, al pasar de 2 mil 600 millones de pesos a 2 mil millones, según el proyecto de la Secretaría de Hacienda.

Lo que puedo decir es que (el plan) cubrirá las 32 entidades federativas al menos en una parte de su territorio. Voy a buscar recortar los programas, porque son demasiados, y para eso tendremos que ser muy eficientes en el análisis y los diagnósticos. Buscaré que sobresalgan escenarios como Iguala, Reynosa, Acapulco y algunas zonas de Michoacán, con el propósito de fortalecer la coordinación intersecretarial, aseveró Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Se deberá asumir una posición mucho más rigurosa en los polígonos donde apliquen intervenciones sociales, agregó.

También plantea reducir el número de estudios –con base en los cuales se determinan trabajos específicos– para aplicar más acciones en tierra, en lugares emblemáticos.

Entre las prioridades para 2016 están Guerrero, Tamaulipas, parte de Michoacán y la zona limítrofe con el estado de México, así como Jalisco.

El recorte está previsto aun cuando el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se presenta en forma constante como un éxito en la reducción de la incidencia delictiva en los lugares donde se aplica.

Desde el inicio del sexenio se diseñó un esquema de intervención social focalizado. Hoy existen poco más de 230 polígonos, es decir, zonas delimitadas donde los problemas son mayores. El plan antidelito debe atender a las mil colonias más violentas del país. Por ejemplo, Tamaulipas tiene 20 polígonos; el estado de México, 14; Guerrero, 12, y Michoacán, 9.