El Senado de la República dio inicio ayer a los trabajos para dictaminar las iniciativas de ley sobre desaparición forzada presentadas en esa cámara, con audiencias públicas en las que participaron organizaciones civiles integradas por personas que desde hace años buscan a sus familiares.

Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), destacó ante los senadores que la nueva ley “debe dar respuesta a las desapariciones cometidas tanto en la denominada guerra sucia como las que ocurrieron en el contexto actual de violencia e inseguridad”.

Subrayó que desde la oficina del ACNUDH en México exponemos los retos y desafíos de la ley: debe ser de aplicación inmediata, incluir a toda persona desaparecida y las desapariciones cometidas entre particulares; establecer el derecho de búsqueda y que se les encuentre. También se debe definir el delito como autónomo y crear un registro nacional de personas desaparecidas,

Además, García apuntó que el manto protector de la ley que elaboren debe tener un concepto amplio, incluir a toda persona desaparecida, sea o no víctima de un delito, y que integre las múltiples caracterizaciones del delito. La ley debe responder claramente a las víctimas de desaparición forzada.

El funcionario de la ONU destacó que la reforma constitucional determinó el piso mínimo, tipos penales, sanciones y otras formas de privación de la libertad, y debe regular el sistema de búsqueda, pero es fundamental que la ley no se limite a ese piso mínimo.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional, sección México, Perseo Quiroz, demandó que en la ley general se eliminen los procesos burocráticos que deben enfrentar los familiares y contener disposiciones sobre la búsqueda inmediata y la declaración de ausencia.

Demandó privilegiar la búsqueda con vida de los desaparecidos y exclamó: ¡Ya basta de querer encontrar cadáveres en este país!, privilegiemos la búsqueda con vida.

Coincidió con Alan García en que se requiere que la ley sea de aplicación inmediata. No estamos pidiendo que toda la ley sea inmediata, pero si algunos mecanismos, como el de búsqueda y la declaración de ausencia. Esos deben ser inmediatos.

Quiroz apuntó que la ley debe involucrar a instituciones públicas y privadas, como los hospitales y las compañías telefónicas, que son actores clave para solucionar esto, pero también es importante que los familiares y las organizaciones civiles sean escuchados. No se trata sólo de que se tomen la foto con ellos, en esos colectivos y grupos de familiares que durante años han buscado a sus familiares hay mucha experiencia.

En representación de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz dijo que el órgano encargado de la búsqueda de personas debe ser independiente de los vaivenes políticos, plenamente autónomo, que cuente con los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para llevar a cabo su función, y que sea vigilado por la sociedad civil y los familiares de las personas desaparecidas.

Consideró desafortunado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga un vínculo claro con el Poder Ejecutivo, porque eso nos muestra que los órganos que no tienen autonomía no sirven para realizar sus labores.

Planteó que la legislación sobre desaparición forzada requiere de mecanismos que vayan más allá de la dimensión criminal o punitiva y pueda abordar todos los aspectos de la vida cotidiana de los familiares de personas afectadas por este fenómeno.