n las últimas tres décadas los estados latinoamericanos llevaron a cabo una serie de reformas legislativas para reconocer su carácter pluricultural, sustituyendo el discurso en torno a la igualdad por una nueva retórica sobre la diversidad cultural y sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas multiculturales. Estas reformas varían mucho de un país a otro, pero en su mayoría incluyen el reconocimiento del carácter multicultural de la nación, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el reconocimiento a sus sistemas normativos y formas de autogobierno y el derecho a utilizar y preservar sus propios idiomas indígenas. A partir de estas reformas los censos gubernamentales reportan la existencia de 40 millones de hombres y mujeres que se reconocen como indígenas, aproximadamente 10 por ciento de los habitantes de América Latina.

No obstante los compromisos contraídos en estas nuevas legislaciones, en los años recientes estamos siendo testigos de un retroceso en el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas y de una embestida de violencia y despojo contra sus territorios y recursos natutrales. Este contexto desolador fue analizado en los primeros días de octubre durante el noveno Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (Relaju) en el marco del cual científicos sociales, profesionales del derecho, activistas y representantes de organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay compartieron sus conocimientos y experiencias en torno a los impactos de los megaproyectos y la violencia gubernamental en la vida de las comunidades originarias del continente.

Tanto las investigaciones presentadas como los testimonios de primera mano expuestos por representantes de pueblos indígenas dieron cuenta de la manera en que los estados latinoamericanos, incluyendo aquellos que se reconocen como plurinacionales, vienen imponiendo megaproyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, de energía e infraestructura, como represas, proyectos eólicos y carreteras, y promoviendo la siembra de monocultivos y transgénicos, en los territorios de los pueblos indígenas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado. En nombre del progreso y el desarrollo se está justificando nuevamente el despojo y la violencia contra los pueblos originarios.

Especialmente grave es la situación de comunidades guaraní kaiowa y guarani ñandéva, en la región de Mato Grosso do Sul y oeste del Paraná brasileño, que han sido víctimas de masacres y desapariciones forzadas por guardias blancas que trabajan para latifundistas de monocultivos, con el fin de impedir la recuperación del territorio ancestral indígena. Pudimos escuchar de viva voz por sus representantes y ver las imágenes videograbadas de cómo hace apenas unas semanas hombres armados entraron a la comunidad de Kurusu Amba, municipio de Coronel Sapucaia, en Mato Grosso do Sul, e incendiaron el campamento, quemaron viva a una niña de tan sólo un año de edad y desaparecieron a dos de sus dirigentes. Conmovidos hasta las lágrimas con estas historias, los integrantes de la Relaju nos comprometimos a difundir esta situación mediante un pronunciamiento que está circulando en las redes sociales, en el que demandamos el cese de la represión y acoso judicial contra estos pueblos, así como la investigación y sanción de responsables de la violencia.

Lamentablemente este no es un caso aislado; las fuerzas policiacas estatales en muchos países se han convertido en los guardianes de los intereses de las empresas trasnacionales y están utilizando las legislaciones penales para criminalizar los movimientos de resistencia. Esto ha ocurrido para la imposición del megaproyecto minero Marlín en San Miguel de Ixtahuacán, en Guatemala, contra el pueblo mam; con el megaproyecto minero Conga, contra las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, en Perú; con la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, contra las comunidades nahuas; con la presa Bicentenario, contra el pueblo guarijío, y el acueducto Independencia, contra el pueblo yaqui, en Sonora; así como los proyectos hidroeléctricos en los ríos Madeira y Tapajos, en la amazonia del Brasil, contra pueblos mura y munduruku. Con el uso de la ley antiterrorista en Chile contra el pueblo mapuche que resiste los proyectos que les despojan y destruyen sus bosques. Aun en Bolivia y Ecuador, donde se habían logrado dos de las constituciones más avanzadas en torno a los derechos de los pueblos indígenas, la retórica del desarrollo está siendo utilizada para la destrucción y despojo de sus recursos; con la imposición de la carretera del Tipnis, en Bolivia, y la promoción de proyectos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador.

Hemos pasado de la era del reconocimiento a la del despojo contra los pueblos indígenas. Pero esta violencia estatal contra los pueblos no sólo atenta contra los derechos indígenas, atenta contra todos nosotros, pues pone en primer lugar los intereses del gran capital por sobre la conservación y respeto a la Madre Tierra y sus habitantes. Nos pone en peligro a todos y urge que reaccionemos apoyando las luchas de los pueblos originarios en defensa de la vida, la tierra y el territorio.

* Profesora/investigadora de Ciesas e integrante de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica