ás allá de las declaraciones triunfalistas y los patéticos anuncios de los abajo firmantes sobre los supuestos grandes beneficios que para la población involucrada generaría el recién firmado acuerdo de libre comercio transpacífico (ATP), el hecho es que Estados Unidos, ante su permanente debilitamiento y el constante avance de China, decidió marcar su territorio” y mearse, una vez más, sobre 11 gobiernos y sus respectivos países, a quienes impone sus reglas.

Allí está el conmovedor discurso de Barack Obama, quien en algún momento generó la ilusión de ser una alternativa: “nuestro país es el líder del siglo XXI. Quienes se oponen (al ATP) sólo respaldan un statu quo que nos pone en desventaja. Estamos escribiendo las reglas y nuestros negocios recibirán trato justo. Sin este acuerdo, los competidores que no comparten nuestros valores, como China, decretarán las reglas de la economía mundial. Seguirán vendiendo en nuestros mercados y tratarán de seducir a nuestras empresas, manteniendo sus mercados cerrados”, es decir, intentarían hacer lo que Estados Unidos ha hecho toda su vida.

Y en medio de la opacidad total y junto a Obama 11 gobiernos gerenciales –incluido, lamentablemente, el de Vietnam– no sólo firmaron el citado acuerdo y se dejaron mear, sino que refrendaron el derecho de Estados Unidos de marcar su territorio con la cantaleta de que se trata de un mecanismo vanguardista, que procurará mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado (EPN dixit), es decir, el mismo discurso desde cuando al menos el TLCAN.

Días antes de que se conociera que 12 gobiernos de igual número de países firmaron el acuerdo de marras, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, advirtió que si el presidente Peña Nieto desea hacer lo correcto por el pueblo mexicano, instruirá al secretario (de Economía) Ildefonso Guajardo Villarreal para que rechace un acuerdo que dejará el futuro económico de México en manos de inversionistas trasnacionales. A partir de la experiencia pasada con acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos, y lo que hemos podido deducir de documentos filtrados de debates de carácter confidencial, es claro que las esperanzas del presidente Peña Nieto se encuentran fuera de lugar. Los negociadores de México parecen estar a punto de rendirse ante las demandas de las empresas de los países avanzados, sin beneficios para su país.

Pero Stiglitz parte de un supuesto totalmente erróneo: el gobierno mexicano (sea el de EPN o los de sus cinco antecesores) no trabaja para los mexicanos, sino para el gran capital, con especial cariño al trasnacional. De tiempo atrás dejó de ser gobierno para dar paso a un esquema gerencial que vende bienes de la nación y procura negocios para los grupos de poder privado (internos y foráneos), no sin antes cobrar por sus servicios, o si se prefiere, sus respectivas comisiones.

Algo similar dijo el galardonado sobre el presidente peruano, Ollanta Humala, otro de los abajo firmantes del ATP: “rechace el acuerdo, porque está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados… Las esperanzas del presidente peruano de lograr un acuerdo están puestas en el lugar equivocado: el ATP parece haber sido diseñado para perpetuar a países en desarrollo como Perú en relaciones comerciales desiguales con países como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. Perú ganaría poco con el ATP (...) y los costos para su economía serán francamente altos… El ATP podría prolongar en Perú el robo de material genético de la Amazonia peruana, beneficiar a las grandes farmacéuticas y encarecer el precio de los medicamentos genéricos”.

Pero lo mismo que con EPN: Humala ha demostrado fehacientemente de qué lado está, como en el caso del proyecto minero Tía María. Echó tropa y bala en contra de sus propios gobernados, con tal de beneficiar a la trasnacional Grupo México, del inefable cuan tóxico Germán Larrea. Y lo hizo el mismo personaje que en campaña electoral se pronunció abiertamente en contra (gobierno y políticos tradicionales) de quienes creen que la riqueza le pertenece a un puñado de trasnacionales, a unas cuantas empresas, y no al pueblo peruano.

El ATP y sus bondades en inversión y empleo bien remunerado recuerda lo que ha sucedido con el TLCAN. Como se ha comentado en este espacio, en octubre de 1993, un apocalíptico Rudiger Dornbusch, entonces gurú en cuestiones económicas, integrante del Instituto Tecnológico de Massachusetts y muy cercano al régimen salinista, pregonaba que si el Congreso estadunidense rechazaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana sufrirá un derrumbe similar al de 1982, con grandes fugas de divisas, que forzará una devaluación y recesión importantes. Dos meses después, en enero de 1994, entró en vigor este poderoso instrumento para atraer nuevas inversiones, crear empleos productivos y elevar el bienestar de los mexicanos (Salinas dixit, obvio es).

¿Qué sucedió? Pues con todo y que el poderoso instrumento fue aprobado y entró en vigor tal cual estaba planeado, aconteció exactamente lo que pronosticó Dornbusch –amigo de Pedro Aspe y asesor de tesis de Luis Videgaray–, es decir, la economía mexicana se derrumbó (en 1995 y en 2009); la fuga de capitales alcanzó una proporción superior a la registrada en tiempos de José López Portillo (el último año de Salinas las reservas internacionales se vaciaron, y sólo hay que recordar que con Fox y Calderón en Los Pinos la exportación de capital superó los 200 mil millones de dólares); el tipo de cambio se fue al caño (de 3.4 con CSG a más de 17 pesos por dólar actualmente, es decir, 500 por ciento de devaluación), la economía se mantiene en el suelo y el bienestar de los mexicanos también.

Pero la buena noticia gubernamental es que 21 años después de la entrada en vigor del TLCAN, si bien oficialmente existen 63 millones de mexicanos en pobreza, y contando, apenas 16 magnates autóctonos concentran algo así como el 15 por ciento del producto interno bruto, y este es un resultado concreto del poderoso instrumento. Pero, voraces por siempre, van por más. ¿Alguna duda sobre los beneficios?

Las rebanadas del pastel

La buena (versión oficial), que con EPN en Los Pinos se han creado un millón 614 mil 53 empleos formales; la mala (versión real) que ese monto apenas representa la mitad de la demanda por puestos de trabajo, es decir, sólo uno de cada dos mexicanos logró colarse al mercado laboral formal, sin considerar microsalarios y rezago histórico.

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