Guadalajara, Jal.

Organizaciones civiles aseguraron que los gobiernos de Colima y Jalisco violaron las garantías de los 33 nahuas detenidos el 22 de julio cuando reclamaban a la minera Peña Colorada mayores dividendos por la renta de sus tierras, y advirtieron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para documentar otro caso de impunidad en México.

Criticaron el perdón otorgado por el gobierno de Colima y la minera Peña Colorada a los 33 indígenas del ejido Ayotitlán, Jalisco.

El jueves, directivos de Peña Colorada cumplieron un acuerdo con los gobiernos de esas entidades y los campesinos que exigían pago justo por el uso de mil 200 hectáreas, al retirar los cargos. En julio hizo lo propio el gobierno colimense, que detuvo a los nahuas por daño en propiedad estatal.

La Unión de Pueblos de Manantlán, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, el Instituto de Derecho Ambiental, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, cuestionaron: “¿Cómo puede perdonar a los ejidatarios quien los agredió el 22 de julio? ¿No es acaso Peña Colorada la que estaría obligada moral y jurídicamente a disculparse por su alevosía, premeditación y ventaja, al disponer de una operación represiva con entre 80 y 100 elementos armados para agredirlos luego de las ‘negociaciones’?”

Recordaron que aunque existen la recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una controversia constitucional de límites entre Jalisco y Colima (3/98) a favor de los nahuas, que reclaman su territorio, ambos han sido olvidados por las autoridades, sobre todo jaliscienses.

Han pasado 20 años desde que Colima y Jalisco se comprometieron a cumplir la histórica recomendación de la CNDH y a la fecha toleran discrecionalmente actos delictivos, discriminatorios e injustos contra el ejido y la comunidad indígena de Ayotitlán, con la imposición de la minería de tajo (a cielo abierto), en medio de la impunidad y la indefinición territorial, expusieron en el documento.

Acusaron a César Díaz Galván, delegado de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, y a Gaudencio Mancilla Roblada, vocero del consejo de Mayores de Ayotitlán, de abonar a la división entre los ejidatarios por prestarse al juego del cacicazgo de Colima en defensa de la minería a cielo abierto.