Santo Domingo, SLP.

Más de 500 personas procedentes de San Luis Potosí y Zacatecas, junto con autoridades de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos, así como 13 comisarios ejidales, participaron en el primer foro de análisis y evaluación del tiradero de desechos industriales tóxicos, donde expresaron su rechazo a la instalación de un depósito similar en la comunidad La Victoria, municipio de Santo Domingo, operado por el empresario minero José Cerrillo Chowell, quien según sus opositores estaría asociado con el ex gobernador panista de San Luis Potosí Marcelo de los Santos.

En el foro participaron seis investigadores de El Colegio de San Luis Potosí encabezados por Francisco Peña, quienes analizaron la manifestación de impacto ambiental del proyecto y demostraron que sería ilegal, pues no cumple con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Cerrillo Chowell omitió realizar una consulta pública en el municipio de Santo Domingo para garantizar a la población que podría resultar afectada información sobre el proyecto, como prevé la ley. A pesar de esta omisión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto el pasado 20 de junio.

El empresario pretende operar el tiradero en un predio de 600 hectáreas de su rancho Palula, por medio de la empresa que creó ex profeso, el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV.

Ahí, José Cerrillo ofrece a concesionarios mineros del centro y norte de México confinar hasta 185 mil toneladas anuales de desechos industriales peligrosos que contienen cianuro, arsénico, cromo, cadmio y mercurio, así como metales pesados, entre otras sustancias dañinas para la salud y el medio ambiente.

En el foro se aseguró que a pesar de que no consultó a los habitantes de esta región supuestamente deshabitada, como informó a la Semarnat, Cerrillo Chowell hizo un estudio de mercado 450 kilómetros a la redonda para ver qué residuos podrá captar el tiradero.

Los organizadores del foro, realizado la tarde del sábado en el salón ejidal de La Victoria, invitaron a Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV, pero no acudió.

Sí se presentaron Silvia García, directora de desarrollo económico del municipio zacatecano de Mazapil, así como Francisco Calderón Coronado, presidente municipal de Real de Catorce, San Luis Potosí. También representantes de los alcaldes de Santo Domingo y de Villa de Cos y 13 comisarios ejidales de la región.

Asimismo estuvieron representantes de la asociación ambientalista Pro San Luis Ecológico; Felipe Acosta Hernández, presidente de la asociación ganadera de Santo Domingo, y Saúl Hernández Quintero, comisario ejidal de Santo Domingo. Todos se opusieron al confinamiento.

Funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, ante la cual los habitantes de Santo Domingo ya interpusieron una queja contra la Semarnat y el proyecto, sólo guardaron silencio durante la asamblea.

De construirse el tiradero ya aprobado por el gobierno federal, afectaría directamente el área natural protegida de Wirikuta –ruta sagrada de la comunidad indígena wirárika (huichola)– considerada reserva de la biosfera, que abarca los municipios de Real de Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz.

Dudas y riesgos

El académico Francisco Peña, del Colegio de San Luis, aclaró que esta institución intervino a invitación de comisarios ejidales, ganaderos y propietarios rurales. Nos hubiera gustado mucho conocer en voz de la empresa cuál es su proyecto, porque generalmente hay cosas dichas y otras que no se dicen (en la manifestación de impacto). No quisiéramos creer que la empresa no se han presentado porque no tienen respuestas a las preguntas que seguramente más les importan a ustedes (los habitantes), pero también a nosotros los investigadores. Esperamos que no sea porque oculten algo.

Daniel Jacobo, abogado de El Colegio de San Luis, narró que en la última sesión de cabildo, en septiembre de 2012, el anterior ayuntamiento de Santo Domingo aprobó el cambio de uso de suelo para 600 hectáreas del rancho Palula, aunque supuestamente el tiradero de desechos tóxicos solo ocuparía 30.

Francisco Rangel, quien ha investigado otros tiraderos tóxicos en México y el mundo, presentó a los pobladores el análisis ¿Qué tan tóxico es lo tóxico?

Rangel consideró: Estamos sin duda frente a un acontecimiento que tiene dos grandes motivos de sobresalto: por un lado, se trata de un proyecto que involucra actividades y sustancias potencialmente peligrosas. Por el otro, estamos ante un caso que abre la posibilidad de una exposición tóxica comunitaria.

Consideró normal la oposición al confinamiento, porque a pesar de las medidas que aplican las empresas para contener los residuos, está demostrado que esos controles fallan tarde o temprano.