El Ejército debe permitir que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se entreviste con los integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, demandaron senadores de PRD y PT.

El coordinador perredista, Miguel Barbosa, señaló que no le hace bien a las fuerzas armadas una imagen de cerrazón al negarse a participar en la investigación que realiza el GIEI sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado.

En entrevista aparte, la senadora Layda Sansores, del PT, señaló que no tiene razón el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, al sostener que los expertos no tienen jurisdicción en México y por tanto no pueden hablar con los elementos del 27 Batallón de Infantería.

Recordó que el convenio con la CIDH para la participación del GIEI en el caso Iguala lo firmó el Estado mexicano, no el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la postura del titular de la Sedena haría suponer que el poder militar está por encima del poder civil.

Barbosa recalcó que el jueves pasado, durante la comparecencia de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, el PRD, a través del senador Fidel Demédicis, dejó claro que el Ejército es una institución del Estado a la que hay que apoyar para que cumpla sus tareas constitucionales, pero no podemos verlo como la institución exenta, ajena, no obligada del cumplimiento de los derechos humanos.

Las fuerzas armadas, insistió, no se debilitan cuando se les investiga y se determina la responsabilidad de sus integrantes; por el contrario, el Ejército debe ser una institución, como todas las de hoy, que actúan bajo el escrutinio de la ley.

Sansores resaltó que el Ejército es una pieza clave de la investigación sobre Ayotizinapa, ya que si los soldados del 27 batallón no dispararon contra los normalistas, como lo afirma el general Cienfuegos, hubo consentimiento o aquiescencia para la agresión.

La senadora petista agregó que insistirá ante la titular de la PGR a fin de que pueda mediar ante la Sedena para que los elementos del 27 batallón respondan a las interrogantes de los integrantes del GIEI.

Igualmente, el senador Alejandro Encinas destacó que ello es posible, luego de las reformas al Código de Justicia Militar, y porque la investigación sobre el caso Ayotzinapa está bajo la jurisdicción civil. El Ejército está obligado a acatar las resoluciones y mandatos judiciales de la PGR, dijo.