La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) insistió en que en México hay una incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el derecho internacional en materia de derechos humanos y, por tanto, no garantiza la correcta administración de la justicia.

En un análisis, elaborado junto con la Comisión Internacional de Juristas, la Cmdpdh advierte que no se han realizado investigaciones serias para esclarecer crímenes presuntamente cometidos por elementos de las fuerzas armadas, ni se han encontrado culpables.

Hasta noviembre del año pasado, la comisión ha documentado siete casos, que abarcan a 38 víctimas civiles, donde se tiene probada la participación de elementos militares en violaciones graves a derechos humanos, como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Estos casos abarcan “la guerra sucia, el conflicto armado y la guerra contrainsurgente en Chiapas, así como la lucha contra el narcotráfico (a partir de 2006) y violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Las agrupaciones resaltaron que en esos contextos, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH y Coridh) han podido constatar que la jurisdicción militar, como está reglamentada en México, no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su estudio cuestionan al Congreso de la Unión por incumplir con la realización de reformas al Código de Justicia Militar, a raíz de la sentencia de la CIDH sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, lo cual, además, fue en contra de otras obligaciones prexistentes en materia de derechos humanos.

Asimismo, critican que en lugar de reducir al máximo el fuero castrense en tiempos de paz, se fortaleció la institucionalidad de los órganos de procuración de justicia, al haberse creado la Policía Ministerial Militar.