Cuernavaca, Mor.

Diputados de oposición al gobernador Graco Ramírez solicitaron la renuncia del titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, con el argumento de que el mando único que encabeza no ha dado resultados positivos y el funcionario no ha explicado en qué gastó mil 100 millones de pesos cedidos por los 33 municipios ni por qué el sistema policiaco a su cargo no cuenta con sustento legal a nivel estatal ni federal.

Julio Yáñez, diputado del Partido Socialdemócrata –de registro local–, y Jesús Escamilla, del Partido Humanista, solicitaron en tribuna la destitución de Alberto Capella durante la comparecencia del titular de la CES ante el Congreso local, efectuada ayer. Destacaron que en sus campañas los ciudadanos les pidieron reiteradamente que Capella Ibarra dejara el cargo.

La sede del Congreso de Morelos amaneció ayer sitiada por unos 250 policías y patrullas recorrieron el centro de esta capital durante las cinco horas y media que Alberto Capella compareció ante los legisladores.

Norma Alicia Popoca, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), consideró este despliegue policiaco una ofensa para las miles de víctimas de la delincuencia, y preguntó: ¿A qué le teme, comisionado?

El también panista Alberto Mojica aseguró que mientras cientos de policías del mando único resguardaban a su jefe, las 350 colonias de Cuernavaca estaban sin seguridad, como todos los fines de semana, a pesar de que la incidencia criminal aumenta en sábado y domingo.

Los diputados José Manuel Tablas, del PAN; Francisco Santillán y Edith Beltrán, del partido Nueva Alianza; Manuel Nava, de Morena; Javier Estrada, del Partido Verde Ecologista de México; los priístas Aristeo Rodríguez y Alberto Martínez, lo mismo que Edwin Brito, del Partido del Trabajo, dijeron al comisionado que lamentaban que se negara a ver la realidad de Morelos, al igual que Graco Ramírez, y que las cifras alegres que presentó en el pleno no coinciden con la realidad de los morelenses, quienes padecen robos, secuestros, extorsiones, asesinatos, feminicidios y abusos policiacos.

Francisco Santillán dijo a Alberto Capella que no contestó lo que los diputados le preguntaron en la comparecencia y que, por venir de Baja California, no conoce Morelos, pero a los morelenses se nos convence con acciones y resultados, no se nos obliga con amenazas e imposiciones. Esto último en referencia a que el comisionado amenazó a la policía municipal de Cuernavaca con desarmarla si el alcalde electo, Cuauhtémoc Blanco, no ratifica el convenio de mando único.

Durante la comparecencia, familiares de víctimas de abusos perpetrados por policías, e integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, se manifestaron para exigir la salida del funcionario.

Se utiliza a la policía para reprimir, acusan

Comunidades rurales, abandonadas: PRD

Alfredo Valadez Rodríguez Corresponsal

Zacatecas, Zac.

Las fracciones parlamentarias de los partidos del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local reclamaron a Leticia Soto Acosta, Jesús Pinto Ortiz y Jaime Santoyo Castro –procuradora de Justicia, secretario de Seguridad Pública y secretario general de Gobierno estatales, respectivamente– por la inseguridad y violencia que prevalecen en Zacatecas, a pesar de que el gobernador priísta Miguel Alonso Reyes ha erogado en este rubro más de 3 mil 500 millones de pesos en cinco años de labores.

Durante la glosa del quinto informe de Alonso Reyes, José Luis Figueroa Rangel, del PT, reclamó: Donde los policías deberían actuar no lo hacen, a pesar del presupuesto multimillonario que se ha destinado a seguridad pública. En los últimos cinco años el crecimiento del gasto público en seguridad ha sido exponencial, más de 3 mil 500 millones de pesos, ha crecido a un ritmo nunca antes visto. Pero eso no ha impactado en que haya menos delitos en Zacatecas.

María Elena Nava Martínez, coordinadora de la bancada del Panal, planteó la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los recursos del Programa Nacional para la Prevención del Delito.

Cuauhtémoc Calderón Galván, coordinador de la fracción del PVEM, sostuvo que para resolver los problemas de inseguridad en la entidad hay que aceptar que el problema existe, pues evadirlo no resolverá nada. Sobre todo cuando en hechos recientes gente de la sociedad zacatecana, respetada y querida, ha perdido la vida de manera violenta, como ocurrió en El Teúl de González Ortega, o los secuestros de empresarios en Fresnillo y los recientes enfrentamientos en pleno centro de Sombrerete. El problema existe y hay que redoblar esfuerzos.

La coordinadora de la fracción del PAN, María Guadalupe Medina Padilla, dijo que el gobierno de Alonso Reyes, en lugar de combatir la delincuencia común y la organizada, utiliza los policías para reprimir a organizaciones sociales y sindicatos.

Mencionemos la represión que han sufrido los integrantes del sindicato del IZEA (Instituto Zacatecano de Educación para Adultos), los trabajadores del Instituto de Desarrollo Artesanal, los miembros del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios que fueron recibidos apenas el pasado lunes con granaderos, y más recientemente el envío de policías y tanquetas a una empresa de Calera para amedrentar a trabajadores cerveceros.

El coordinador del PRD, Iván de Santiago Beltrán, cuestionó la alta concentración de policías en las principales zonas urbanas de la entidad, mientras al menos 30 de los 58 municipios del estado y todas sus comunidades rurales carecen de vigilancia. Lo peor, dijo, es que a pesar del despliegue de policías y militares en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, “las ejecuciones se dan todos los días, y las balaceras entre presuntos integrantes del crimen organizado ya son algo cotidiano”.