El juez federal Rubén Noguera ordenó la inmediata libertad de cuatro de los siete militares a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de haber irrumpido el 30 de junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueron presuntamente ejecutados a manos de elementos castrenses.

Por ahora, sólo tres elementos continuarán bajo proceso penal en el ámbito de la jurisdicción de jueces federales (los militares Roberto Acevedo, Fernando Quintero y Leobardo Hernández).

Sin embargo, los cuatro soldados beneficiados con la resolución judicial permanecen detenidos en una prisión castrense, ya que están sujetos a proceso penal por delitos de la jurisdicción militar, mismos que no son considerados graves y les permitirán gozar de la libertad provisional bajo fianza.

El auto de libertad que emitió el juez Noguera el pasado viernes se dio en cumplimiento a la orden de un tribunal unitario, el cual la semana pasada determinó que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes para mantener bajo proceso a cuatro de los siete militares acusados de diversos delitos, entre ellos homicidio.

El penalista Juan Velásquez dijo ayer en entrevista con este diario que asesoró a los abogados que defienden a los militares imputados. Según el litigante, será cuestión de horas para que los cuatro militares garanticen el pago de su caución y abandonen la prisión castrense.

La PGR informó anoche que presentará un recurso de apelación de la resolución del juez Noguera, que sería resuelta por un tribunal unitario, el cual puede ordenar la reaprehensión de los cuatro militares beneficiados.

El abogado Velásquez descalificó la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó que en los hechos de Tlatlaya hubo al menos 11 personas ejecutadas a manos de algunos de los militares ahora sujetos a proceso.

‘‘Es una verdadera mentira el que los militares hayan entrado a la bodega; mentira que se está cayendo en pedazos. No hubo ninguna ejecución, fue un enfrentamiento’’, dijo el penalista.

La formal prisión contra siete de los militares involucrados en el caso Tlatlaya fue dictada (vía exhorto) el pasado 8 de noviembre de 2014 por el juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal.

El proceso contra los imputados se seguía en el juzgado cuarto de distrito de Toluca; el pasado viernes el titular del juzgado ordenó la inmediata libertad de cuatro de los siete procesados. De las constancias de autos de la causa penal 81/2014, a la que tuvo acceso este diario, queda claro que entre autoridades de la PGR y de la CNDH existen diferencias de interpretación sobre lo ocurrido en Tlatlaya.

Mientras la comisión concluyó en su recomendación que algunos de los militares implicados ‘‘ejecutaron al menos a 15 de los presuntos secuestradores, después de que éstos ya se habían rendido’’, la autoridad ministerial (el entonces procurador Jesús Murillo Karam) sostiene que sólo tiene pruebas para demostrar ocho homicidios sumarios y para acusar como autores directos de los mismos a tres de los militares implicados.

Según informes del expediente, la procuraduría únicamente acusó de ocho homicidios dolosos a los oficiales Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides. A ellos también les imputó los delitos de abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

A dichos militares, así como a sus compañeros Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, también se les dictó la prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Al mismo tiempo, Rodríguez Martínez fue procesado por encubrimiento, por no procurar impedir la consumación de un ilícito.