Las instancias de procuración de justicia del país han sobreutilizado el derecho penal como medida de represión hacia las clases sociales más pobres, por lo que el sistema de justicia para adolescentes que se aplica a escala nacional ha sido un fracaso, coinciden en señalar activistas, defensores de derechos humanos, abogados y legisladores.

Añaden que México no cuenta con una legislación homogénea que permita juzgar a los adolescentes a partir de reglas procesales y de derecho sustantivo similares en el norte, centro y sur del país, por lo que se han llegado a presentar casos en los que un menor de 18 años queda impune y obtiene su libertad inmediata en alguna entidad después de cometer algún multihomicidio, mientras que otro debe permanecer en algún centro de rehabilitación varios años por ser penalmente responsable de un robo con violencia o algunas lesiones.

Es el caso de Cristian, de 15 años de edad (el nombre es falso y se utiliza para proteger su identidad), quien en el estado de San Luis Potosí cometió un triple homicidio en 2012, apenas pudo quedar unos meses detenido, porque la legislación en materia de adolescentes es muy laxa en esa entidad y demasiado garantista en favor del joven imputado.

Un caso totalmente contrario ocurrió en el estado de Morelos, en 2013, cuando un adolescente fue detenido en flagrancia después de cometer un asalto a transeúntes con una pistola de juguete en mano. Después de varios años de proceso judicial, el joven no ha recibido sentencia y permanece detenido.

Las anteriores fueron algunas de las reflexiones y casos expresados por abogados, activistas, senadores, diputados y funcionarios públicos que participaron martes y miércoles de la semana pasada en el Foro Nacional de Justicia para Adolescentes, que se realizó en el Senado.

Los participantes, entre ellos la senadora Martha Elena García Gómez, la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Alberto Rodríguez Calderón, y la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Ángeles Fromow, exhortaron al Poder Legislativo a aprobar la nueva ley nacional de justicia para adolescentes, que unificará criterios sustantivos para la aplicación de penas, medidas de seguridad y procedimientos de juzgamiento para casos de delitos cometidos por menores de 18 años y mayores de 12.

Algunos de los ponentes, entre ellos Violeta Maltos, especialista en justicia restaurativa; Jimena Cándaro, directora de la Fundación Reintegra; Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, e Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, coincidieron en señalar que la prisión debe ser el último recurso para castigar a adolescentes en conflicto con la ley.

Los ponentes coincidieron en resaltar el hecho de que la mayoría de los jóvenes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años de edad, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además, suelen vivir en entornos violentos.

En 2005 una reforma constitucional modificó el artículo 18 de la Carta Magna, con miras a instaurar un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los principios internacionales del derecho al interés superior del menor.

Sin embargo, en abril de este año, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reconoce para los adolescentes el derecho a un sistema de justicia acusatorio y oral.

Con las nuevas reformas constitucionales, se busca que el sistema para adolescentes se ponga en sintonía con la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en todo el país.

El sistema para tratar a los menores infractores deberá ir en forma paralela al plazo máximo del 18 de junio de 2016, el cual se ha fijado para el sistema acusatorio a escala nacional.

En los artículos transitorios se deroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, y se dan 180 días al Congreso para aprobar una ley general que deberá aplicarse en todo el territorio nacional.

Los delitos en los que más se ven involucrados los menores de edad son robo a casa habitación, a negocio, en transporte público, a transeúnte, de accesorio de vehículos, de objetos en el interior de vehículo, de vehículo, tentativa de homicidio, tentativa de robo, violación y violencia familiar.