omo parte de la modernidad de la reforma energética, el gobierno peñanietista prometió hasta el cansancio que Pemex, ya como empresa productiva del Estado, se liberaría de la pesadísima carga fiscal que la agobió a lo largo de su vida paraestatal, a fin de competir en igualdad de condiciones con las trasnacionales del ramo y las empresas privadas mexicanas que, a modo, fueron creadas con el fin de clavar el colmillo al oro negro otrora nacional.

Una y otra vez lo ofreció (¡ah!, las promesas gubernamentales, sólo anunciadas para incumplirlas lo más rápido posible… y suelen ser veloces), pero ya servida la mesa, cada día más adornada y con más viandas para el capital privado, Petróleos Mexicanos es el patito más feo de la fiesta privatizadora: recorte presupuestal, excesiva carga fiscal, creciente endeudamiento, baja producción, desplome del precio de exportación, corrupción a galope y demás gracias, lo que la sitúa en una igualdad de condiciones abismalmente asimétrica con el capital privado, a quien el solícito gobierno otorga todas atenciones y facilidades, mientras destripa a la ex paraestatal.

Cierto es que tal práctica no es novedosa (como tampoco la otra, pues históricamente a cada promesa corresponde un incumplimiento), pero entre lo más reciente La Jornada documenta (Israel Rodríguez) que “el régimen fiscal aplicado a los contratos de explotación petrolera otorga a las empresas particulares una recuperación de costos hasta de cinco veces más de la permitida a Pemex, lo que implica un tratamiento desigual a la empresa productiva del Estado que le origina pérdidas recurrentes… El régimen fiscal aplicado a Pemex es muy oneroso y poco equitativo respecto del que se aplica a los nuevos jugadores privados de la industria petrolera”.

Detalla que para 2016, el límite de deducción para Pemex apenas se eleva a 11.075 por ciento del valor de la producción. Pero si se considera el precio promedio de 50 dólares por barril, con que se construyó el mismo paquete económico, Pemex sólo podría deducir 5.54 dólares por barril producido. En cambio, los contratistas (capital privado) podrían recuperar costos hasta por 30 dólares por barril (60 por ciento del valor de la producción), conforme con las bases de licitación de los contratos.

El anterior es un digno ejemplo de la prometida igualdad de condiciones y se redondea con lo siguiente: la gran carga fiscal a la que es sometida Pemex es lo que ha propiciado que la compañía presente recurrentes mermas. Sólo en el segundo trimestre de 2015 la pérdida neta de Pemex fue de 84 mil 600 millones de pesos, compuesta principalmente por un rendimiento de operación de 53 mil 900 millones de pesos; intereses a cargos netos de 14 mil 500 millones; rendimiento por derivados financieros de mil 300 millones; pérdidas cambiarias por 28 mil 700 millones e impuestos y derechos por 97 mil 800 millones de pesos. En ese periodo, el pago de impuestos y derechos representó 181.3 por ciento del rendimiento de operación, en comparación con 124.4 por ciento del mismo periodo de 2014, es decir, antes de la modernización.

¿Qué empresa, del Estado o no, aguanta ese ritmo de despojo? Entonces, queda claro que en el marco de igualdad de condiciones lo que afanosamente busca el gobierno federal es el certificado de defunción de Pemex, y va muy adelantado.

A la hora de las promesas, ¿qué ofreció el ministro del (d) año? El 30 de abril de 2014 (fecha en la que EPN envió al Senado su propuesta de leyes secundarias en materia energética), en conferencia conjunta con Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, Videgaray prometió (va choro completo):

“Quiero destacar que la estructura tributaria de los contratos (petroleros) para participantes del sector público nacional o internacional, será la misma que aplicará a los que tenga Pemex. Esto le da igualdad de condiciones para competir a Pemex. La única diferencia entre el régimen que aplica a Petróleos Mexicanos y a otros contratistas tiene que ver con el dividendo, en virtud de que el dueño de la empresa Pemex seguirá siendo al cien por ciento el Estado mexicano y, por lo tanto, la decisión sobre los dividendos le corresponde tomarla al Estado mexicano.

“En el régimen fiscal actual de Pemex existen dos problemas muy importantes: es un régimen fundamentalmente rígido, prácticamente mecánico, que extrae una gran cantidad de recursos de Pemex, sin reflexionar cuál es el mejor uso social de las utilidades; y es un régimen francamente anticuado, con excesivas restricciones en cuanto a lo que se reconoce a Pemex como gastos para el efecto del pago de sus impuestos… (lo que) distorsiona las decisiones de inversión que realiza Petróleos Mexicanos.

“El régimen fiscal actual inhibe que Pemex tome decisiones de inversión que hacen sentido para la nación y que no las toma porque los incentivos que para la empresa genera el actual régimen fiscal, la orientan a tomar solamente aquellos proyectos de muy alta rentabilidad o que generan en el muy corto plazo utilidades, posponiendo o cancelando proyectos de un alto impacto social a mediano y largo plazos. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera radical.

“En la propuesta se propone (sic) reducir la carga fiscal que enfrenta Pemex, permitiéndole una mayor rentabilidad que pueda ser reinvertida en la empresa. Al reconocer sus verdaderos costos de producción, se incentivará una correcta toma de decisiones respecto a los proyectos en los que invierte, con una visión de mediano y largo plazos en beneficio de todos los mexicanos. Con ello vamos a tener un Pemex más fuerte y sólido en beneficio de la Nación.

“Ejemplos de los beneficios que tendrá Pemex bajo el nuevo régimen fiscal son: se le reconocerán todos sus gastos para explorar y extraer hidrocarburos; eliminar el llamado tope de costos; reducir la carga impositiva total (de 79 por ciento en la actualidad a un valor menor a 65 por ciento en promedio), y al reconocer todos los costos y reducir la carga tributaria, Pemex podrá tener utilidades que sean tres o cuatro veces superiores a las que tiene en la actualidad.

El nuevo régimen fiscal de Pemex aplicará también para los contratos que se establezcan con participantes privados. ¿Qué quiere decir esto? La estructura fiscal de los contratos y las asignaciones que tenga Pemex deberán ser equiparables y competitivas con la que tengan los agentes privados. Es decir, Pemex no competirá en desventaja frente a los participantes del sector privado.

Las rebanadas del pastel

Con comida o sin ella, va un fuerte abrazo para Carla y Alejandro por la mejor decisión de su vida. ¡Salud!

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