l primer periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura federal y los subsecuentes, representan la oportunidad de continuar y profundizar el proceso de reforma y modernización de las instituciones nacionales, un proceso inusitado y vigoroso en la primera mitad del sexenio, para ponerlas a la altura de las democracias más avanzadas del mundo, en su nivel de funcionalidad, competitividad y eficacia.

Son importantes reformas pendientes, enunciadas o implícitas en la relación de 95 compromisos del Pacto por México, que deben debatirse y procesarse de manera consensuada, o al menos aprobarse con mayorías parlamentarias sólidas que le den legitimidad de origen y viabilidad operativa.

Se trata en algunos casos de reformas constitucionales y en otros más de la creación o enmienda a leyes secundarias, para puntualizar los trazos fundamentales de reformas ya aprobadas en la Carta Magna; es decir, ya con la aprobación del Constituyente Permanente, Cámara de Diputados y Senado de la República más la mayoría de las legislaturas estatales.

Reformas que hicieron posible, en sinergia de responsabilidad compartida, un gobierno con visión modernizadora y las principales fuerzas políticas y parlamentarias, pero que no han culminado el proceso de refundación institucional, no han terminado de desmontar añejas estructuras corporativas, patrimonialistas y discriminatorias que inhiben la competitividad y el desarrollo pleno de las potencialidades de México como una nación pluricultural y diversa.

Hacen falta por ello varias reformas para dar respuesta eficaz y cabal a los rezagos sociales y a las omisiones y vacíos de autoridad legados por las administraciones precedentes y en particular las dos últimas, las de la alternancia fallida. Reformas necesarias, quiero destacarlo, no para apuntalar una causa ideológica o partidista, sino cambios de fondo desde una visión de largo plazo, una concepción de Estado.

A las reformas educativa, de telecomunicaciones y competitividad; las reformas financiera, fiscal, electoral, penal y energética con sus puntos de controversia, entre otras, debe seguir ahora la reforma de justicia, seguridad pública y sistema penitenciario, para consolidar el estado de derecho, el imperio de la ley, justamente el primer punto del decálogo de acciones del presidente Enrique Peña Nieto, las prioridades en la agenda de respuestas a los reclamos de sociedad mexicana.

Igualmente, las reformas del Estado, la política del Distrito Federal, la del campo, la indígena, la del salario mínimo, la de desarrollo regional, la minera, la del cambio climático y el desarrollo sustentable. Son reformas que no deben quedar sólo en la letra de la ley, sino deben implementarse cabalmente para que rindan fruto, según su naturaleza, a corto, mediano y largo plazos.

La reforma del Estado mexicano se inició desde que comenzó el tránsito de un sistema de partido prácticamente único a un sistema plural de institutos políticos, y que decantó entre otros cambios en una autoridad electoral autónoma. Sin embargo ese proceso está inconcluso, pues no tenemos aún una ingeniería constitucional que haga funcional, y con estabilidad institucional por encima del libre juego partidista, el sistema de división de poderes y el procesamiento de las respuestas institucionales a las crecientes demandas ciudadanas.

La reforma política del Distrito Federal, dentro del propio marco de la reforma del Estado, es demandada por millones de ciudadanos que todavía no tienen derechos políticos plenos, a pesar de que se trata del corazón político del país, pues entre otros pasivos carecen de una constitución política propia, un órgano legislativo para definir totalmente sus políticas presupuestales y financieras, y el mando soberano sobre sus cuerpos de seguridad pública.

La reforma para dar funcionalidad y dignidad al salario mínimo, hoy una referencia lastimosa del ingreso de los trabajadores, una reforma que no puede limitarse a una desindexación, una desvinculación de su función como unidad de cuenta, sino traducirse en un incremento sustantivo.

La reforma del campo, para dar competitividad a un agro desfallecido y en ostensible desventaja frente a la competencia del exterior, incluidos nuestros socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio, en donde persisten subsidios disfrazados a sus productores locales, que hacen del libre mercado una ficción, una competencia desleal e inequitativa ante nuestros agricultores inermes.

La reforma indígena debe culminar el proceso de reconocimiento de derechos y ciudadanía plena para los dueños originales del continente, y también debe establecer programas específicos de desarrollo para que los pueblos indígenas dejen de ser los más pobres entre los pobres. No basta establecer el derecho a elegir a sus autoridades locales conforme a sus usos y costumbres, en armonía con los derechos humanos y la equidad de género, es necesario incorporarlos plenamente a los ritmos con que marcha la nación.

La reforma de desarrollo regional, para atenuar los desequilibrios y las asimetrías entre el norte y el centro por un lado,y el sur-sureste por el otro, ya fue anunciada por el titular del Poder Ejecutivo con la creación de las zonas económicas especiales. Faltan ahora los instrumentos legales, de política presupuestal y de política fiscal, para dar a los programas anunciados soporte económico y viabilidad operativa.

La reforma minera debe dar a los mexicanos los instrumentos de certeza jurídica y aplicación práctica para racionalizar y detonar el enorme potencial de yacimientos en el país, con casi la mitad del territorio nacional con un mineral u otro susceptible de explotación, y adecuar el régimen fiscal para que los derechos se cubran íntegramente en México y no en las metrópolis del capital al amparo de subterfugios legales. Es una enorme riqueza dormida que está ahí, en el subsuelo, mientras la mitad de la población se mantiene por debajo de la línea del bienestar según los indicadores de los organismos autónomos especializados, Inegi y Coneval.

La reforma del cambio climático y desarrollo sustentable debe poner a tono la legislación nacional con los criterios, protocolos y mandatos internacionales en materia de protección compartida de la casa común de todos los seres humanos, el planeta tierra. De nada sirve crear bienes materiales en el presente si en un esquema de estrechez de miras hipotecamos el bienestar y la propia sobrevivencia de las futuras generaciones.

Hay, pues, un gran trecho andado en el proceso de modernización institucional, pero quedan varias y muy importantes asignaturas pendientes, reformas que iremos analizando con puntualidad, una por una, en las siguientes colaboraciones.

*Ex gobernador de Oaxaca