Nueva York.

La crisis económica generada por la impagable deuda del estado libre asociado de Puerto Rico tiene consecuencias parecidas a las de otros países que batallan contra el poder financiero internacional, con recetas draconianas de austeridad que cargan los costos sobre las mayorías pobres en beneficio de los intereses más ricos del planeta.

A principios del mes pasado, el gobernador de la isla, Alejandro Gracia Padilla, presentó su propuesta para enfrentar la crisis de de una deuda de 72 mil millones de dólares, la cual calificó a principios de año de impagable.

Cuando Puerto Rico incumplió el servicio de la deuda, la primera vez en la historia de más de un siglo como colonia, superó el mayor default municipal en la historia de Estados Unidos.

Pero a diferencia de otras naciones en crisis, ésta tiene dos aspectos particulares: se trata de un país sin soberanía nacional y sus habitantes sí pueden incidir directamente en la política estadunidense, incluso hasta ser un factor determinante en las elecciones presidenciales.

Puerto Rico ha sido posesión estadunidense durante 117 años, y el gran debate sobre si debería de ser país independiente o ser una estrella más en la bandera estadunidense (o sea un estado) no ha sido solucionado, a pesar de heroicas batallas y movimientos, con famosos independentistas que han dado su vida o que han sido prisioneros políticos de Estados Unidos.

Posición estratégica

Aunque Puerto Rico elige a sus gobernador y otros puestos locales, quienes mandan sobre los asuntos cotidianos de la isla, toda decisión fundamental –política, fiscal, comercio y asistencia social– tiene que pasar por Washington, donde la colonia está representada con un solo delegado federal que tiene voz, pero no voto en el Congreso.

Por ello, a diferencia de Grecia, no tiene el poder para definir su destino por decisión de su pueblo.

A la vez, sus habitantes sí tienen derechos como ciudadanos estadunidenses, incluyendo el del voto en las elecciones generales. La creciente crisis ha causado la migración de cientos de miles de puertorriqueños a Estados Unidos. Pero los refugiados de esta crisis tienen algo que otros migrantes no: voz y voto en las elecciones generales de Estados Unidos. Dado que la gran mayoría se ha establecido en Florida, resulta que están en medio de uno de los dos estados claves en el mapa electoral nacional de este país.

Tanto el voto por Puerto Rico como su diáspora es parte de la razón que la pequeña isla capta la atención de políticos nacionales, incluyendo los candidatos presidenciales, entre ellos Hillary Clinton, Bernie Sanders y Marco Rubio.

Por todo esto, la pugna sobre la crisis económica de Puerto Rico tiene implicaciones tanto para la isla como para Washington y Wall Street. Como siempre en estos casos, la crisis es resultado de la acumulación de deuda (sobre todo bonos) a lo largo de años para solventar crecientes déficits provocados por condiciones económicas en deterioro, fuga de inversiones y competencia (salarios aun más baratos, incentivos fiscales) a otros países de la cuenca del Caribe, y todo agravado por la recesión de 2006. De hecho, la deuda de la isla se incrementó 64 por ciento desde 2006. Los bonos eran muy atractivos para inversionistas porque son exentos de impuestos de todo tipo.

La propuesta del gobernador –el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal– se enfoca en medidas para aliviar la deuda y un recorte drástico del gasto público. Tiene dos elementos centrales: establecer una junta de control financiero con amplios poderes sobre el presupuesto y una reestructuración de la deuda de casi 72 mil millones, además de promover las llamadas reformas estructurales.

Por una peculiar enmienda a una ley federal hace 30 años Puerto Rico, a diferencia de otras entidades públicas estadunidenses (estados, municipios, empresas públicas) no tiene el recurso de la bancarrota legal (que obliga a todos los acreedores a aceptar una reestructuración de la deuda), muchos argumentan que el primer paso necesario para el Congreso es otorgar ese recurso legal a la isla. Sin eso, argumenta su delegado federal, Pedro Pierluisi, junto con varios expertos que incluso han presentado ese argumento en artículos de opinión en el New York Times y otros diarios, no hay solución duradera.

Sin embargo, con la siempre complicada y supuestamente elegante lógica de este tipo de argumentos, este tipo de propuestas –y por el momento no hay otras– implican lo que casi todo país latinoamericano conoce bien: austeridad severa para las mayorías, mientras los más ricos y las grandes empresas salen casi gratis de todo esto. Agrupaciones sociales y políticos de oposición han manifestado su grave preocupación de que los costos de la crisis no sean compartidos, y que los trabajadores y los pobres paguen la cuenta.

Los fondos buitres, hasta el momento, no desean reestructurar. Especialistas en lo que se llama el mercado de deuda en destreza, o sea, que lucran con las crisis (como en Grecia y Argentina), demandan el pago pleno de su crédito. De hecho, un informe de tres ex economistas del Fondo Monetario Internacional elaborado para 34 hedge funds concluyó que la isla había sobregastado en educación y propone que Puerto Rico cese a más maestros y cierre más escuelas –en un país con casi dos tercios de sus niños en la pobreza– para pagar lo que le debe a los inversionistas especulativos (la isla ya ha cerrado casi 100 escuelas), reportó The Guardian.

Estos financieros y sus clientes ricos desean seguir gozando de una isla que sirve como paraíso fiscal para inversionistas extranjeros y las empresas trasnacionales, más todo tipo de subsidios. Los banqueros especulativos exigen el cierre de escuelas públicas para pagar lo que se les debe, mientras el sector financiero estadunidense no oculta su demanda por más austeridad, incluyendo recortes brutales del gasto público y la privatización de bienes públicos.

Algunos proponen que Washington asuma control total de los asuntos financieros de la isla, algo que el gobierno de Barack Obama y otros no desean hacer.

Juan González, veterano periodista puertorriqueño y neoyorquino, columnista del Daily News y co-conductor del noticiero Democracy Now afirma que a la raíz de todo esto se tiene que entender algo muy sencillo: el problema para Puerto Rico es que durante 117 años todas las decisiones mayores sobre la isla se toman por el Congreso, no por los políticos electos de Puerto Rico... es una colonia de Estados Unidos.