Desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y al enterarse del hecho, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ordenó una investigación a la Procuraduría General de Justicia Militar sobre los alcances de los sucesos violentos del 26 de septiembre de 2014. Asimismo, instruyó la indagatoria para deslindar responsabilidades de los integrantes del Ejército.

En el expediente que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió sobre el caso Ayotzinapa figura el testimonio de un médico del hospital privado Cristina, donde acudieron los estudiantes para ser atendidos aquella noche de septiembre.

El médico detalla que un oficial militar le comentó sobre las indicaciones que giró el titular de la Sedena en torno a ese caso, cuando asistió a declarar en las instalaciones del 27 Batallón de infantería, ante tres oficiales de justicia militar, sobre el proceder de los soldados que acudieron a averiguar qué demandaban unos 30 estudiantes –entre ellos uno que estaba grave– en el nosocomio.

En su testimonio, el médico reitera que cuando los militares estuvieron en el hospital, bajo el mando de un capitán, nunca escuchó que se dirigieran con groserías a los estudiantes, ni que les faltaran el respeto, además de que las armas que portaban siempre apuntaron hacia el suelo.

Incluso, comentó que el citado capitán, a solicitud de los estudiantes que querían llevar a su compañero herido al hospital general, hizo una llamada y que al poco rato llegaron dos ambulancias al lugar, una de la Cruz Roja y otra de Protección Civil, pero que para ese entonces, el muchacho ya había sido trasladado en taxi.

En el primero de dos encuentros que sostuvo con militares, el médico –cuyo nombre aparece tachado por tratarse de una versión pública– dijo en su declaración ministerial: “me hicieron preguntas y eran insistentes en la forma en la que el personal militar portaba las armas, su forma de conducirse hacia mi persona y los estudiantes.

“Nunca firmé nada. Estuve como 40 minutos en el Batallón, no me registraron en la entrada porque un militar dijo que era invitado del general.

Me dijeron que el caso había llegado hasta el Estado Mayor de la Defensa y que el general (Salvador) Cienfuegos estaba enterado del caso Iguala, que se estaba integrando el expediente, y que se debían aclarar unas cosas.

Posteriormente, el 7 de octubre, después de que le llamó alguien que se identificó como Ministerio Público militar, le pidió rendir una declaración sobre los mismos hechos, pero bajo el protocolo militar, ya que su declaración anterior fue informal.

El médico relata que el 26 de septiembre del año pasado, cuando llegó al hospital Cristina, en el que trabaja, se encontró con vehículos militares que impidieron el paso ya que, en ese momento, tenía lugar un operativo para revisar el nosocomio.

Una vez que entró vio que había entre 20 y 30 jóvenes sentados en la sala de espera y que uno de ellos estaba mal herido, pero que se negó a recibir atención médica y en lugar de ello, pidió que lo llevaran al hospital general. También afirmó que, pese a que los jóvenes deambulaban por el lugar –algunos de ellos con heridas leves que dejaron rastros de sangre en el piso– no hicieron destrozos, ni robaron nada del lugar.

“Ahí el capitán reunió a los jóvenes, algunos de ellos se encontraban en la parte alta del edificio y los mandó bajar, y les dijo: “jóvenes primero que nada quiero decirles que somos el Ejército y somos una institución para servirle a la sociedad, y antes que todo, les pido una disculpa si se sintieron tratados como delincuentes. Pero entiendan que ustedes invadieron una propiedad privada, tomaron posesión de instalaciones de una manera poco convencional, quiero que entiendan que también nos exponemos, no sabemos quiénes son ustedes. Si están armados o qué intenciones tienen”.

Una vez dicho lo anterior, el capitán tomó su celular y marcó, al parecer a la zona militar, es posible que solicitara una ambulancia, y luego se retiró con los soldados.

Luego, un maestro aceptó llevar al estudiante herido al hospital general, después llegaron dos ambulancias, una de la Cruz Roja y otra de Protección Civil, pero al joven ya se lo había llevado en taxi.

A los cinco minutos regresó el capitán con cinco o seis elementos. Me preguntó si todo estaba bien, y me dijo que patrullaba la zona, vigilando y checando que no hubiera gente armada o extraña.

El 27 de septiembre llegaron al hospital tres personas de la Comisión de Derechos Humanos, dos de ellos hicieron preguntas poniendo énfasis sobre el trato que el personal militar dio a los jóvenes: si los intimidaron, si se referían a ellos con groserías.

Les dije que en ningún momento se portaron mal o de forma grosera o intimidante, que todo el tiempo que permanecieron en el hospital sus armas las portaban con el cañón hacia el piso. Nunca vi que el personal militar recabara fotografías. Cuando se fueron los de la comisión noté que la camioneta en que se transportaban tenía placas del Distrito Federal, concluye el testimonio del médico.