La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que constató, durante su visita a México, la grave crisis de derechos humanos que vive el país, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad.

La delegación conformada para la visita in loco (observación en terreno), que duró cinco días, afirmó ayer que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, no la ven como una tragedia aislada, sino como parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos.

Se pronunció por que en consulta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, se designe un fiscal especial para la investigación del caso Iguala.

En conferencia de prensa, para dar a conocer un informe preliminar sobre su estancia en el país, misma que ayer concluyó, la CIDH hizo un llamado urgente al Estado mexicano a esclarecer la verdad de lo ocurrido en Iguala, y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Específicamente, la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI, trasladar la responsabilidad de las pesquisas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos (parte de la dependencia citada) y renovar a todos los miembros del equipo investigador.

También, reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo las cuales se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 batallón de infantería del Ejército.

La delegación, encabezada por la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, apuntó que la crisis de derechos humanos en México es resultado de una situación estructural que padece desde hace décadas. Citó que la masacre cometida en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.

Desde un hotel capitalino, la CIDH planteó que la magnitud de la desaparición de personas en el país es alarmante, y especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas.

Además, mencionó que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de graves violaciones a las garantías individuales.

Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad, generando un problema grave de subregistro en las cifras oficiales, apuntó.

Otros fenómenos de profunda preocupación para la CIDH son las ejecuciones extrajudiciales, y los comisionados, en voz de Belle Antoine, refirieron los hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, Michoacán, en enero pasado, y en Tanhuato, en el mismo estado, en mayo.

Advirtieron sobre la violencia contra familiares de víctimas –varios de ellos presentes en la conferencia–, defensores de derechos humanos y periodistas, ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos.

El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, señaló que les preocupa la impunidad de crímenes de periodistas, porque es un incentivo a la repetición.

El relator para México y primer vicepresidente de la comisión, James Cavallaro, agregó que la tortura constituye una práctica generalizada en México”.

Roberto Campa, encargado de dar la postura oficialFoto Roberto García

A pregunta expresa sobre si en el país se vive una tragedia humana, dijo que la habría ante la situación de los migrantes.

La presidenta de la CIDH apuntó que durante su estancia constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial. Enfatizó que la falta de acceso a una justicia pronta, eficaz y confiable debilita significativamente la cultura de la legalidad, así como el estado de derecho.

Consideró que un primer paso en este sentido es romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas.

El documento realizado en 5 días no refleja la situación general, responde Campa Cifrián

Fabiola Martínez

El gobierno mexicano señaló que el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no refleja la situación del país, y afirmó que el caso Ayotzinapa no es un asunto generalizado, sino un caso absolutamente extraordinario.

El gobierno no aceptó tampoco, como lo han sugerido organizaciones civiles, que una comisión externa, internacional, venga a investigar las presuntas violaciones a las garantías básicas.

Confiamos en que el (reporte) definitivo (de la CIDH) que se presente será un informe objetivo, que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos. Creemos que este documento preliminar no refleja la situación del país (sino) que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos, indicó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

No somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta; sin embargo, no compartimos que un informe preliminar, realizado en cinco días y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país, sostuvo.

En conferencia de prensa, señaló que es Guerrero donde se tienen las principales tareas pendientes en la materia.

A todas luces, dijo, el caso Ayotzinapa es una situación extraordinaria; nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país y mucho menos de plantear que esta es la situación generalizada.

En cuanto a la petición de un sector de organizaciones civiles para que opere en México una figura internacional de investigación de la impunidad, como ocurrió en Guatemala, el funcionario advirtió que la cooperación prevista en el sistema interamericano prevé la ayuda para fortalecer y no para sustituir instituciones. Las soluciones que vienen de fuera siempre son salidas fáciles y conducen al fracaso, apuntó.

Campa Cifrián dio un mensaje a medios luego de que la delegación de la CIDH dijo que en nuestro país existe una grave crisis de derechos humanos.

Acompañado de sus homólogos de la cancillería y de la Procuraduría General de la República, hizo énfasis –al igual que el secretario de Gobernación– en que la CIDH fue invitada por el gobierno mexicano, por lo que pidieron que primero se evalúe la información recabada esta semana.

Si bien México continuará en el sistema interamericano de derechos humanos, pidió que el análisis de la CIDH se realice con la objetividad y seriedad que un tema de esta naturaleza merece.

El informe preliminar de la CIDH tampoco refleja –señaló Campa–, el intercambio de información con múltiples instancias del gobierno mexicano.

El Estado mexicano estará atento a la entrega del informe definitivo de la comisión, en el primer semestre de 2016.

En el último día de su visita a México, la CIDH se reunió con la canciller Claudia Ruiz Massieu; con representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como de la Procuraduría General de la República. Ambas partes señalaron la existencia de avances en materia de derechos humanos en el país y reconocieron que hay áreas de oportunidad en las que la cooperación será fundamental.