Enrique Alfaro Ramírez, quien apenas este miércoles rindió protesta como alcalde de Guadalajara, Jalisco, informó que 579 de los 2 mil 514 policías que hay en la localidad, es decir 23 por ciento, cobran sin ir a trabajar, lo que cuesta casi 7 millones de pesos al mes; además, otros 103 agentes están comisionados para custodiar empresarios y políticos.

No sólo se resguarda a empresarios y políticos locales, sino de otros estados, detalló el alcalde de Movimiento Ciudadano.

Agregó que aunque en nómina cobran 2 mil 514 elementos, en la realidad el patrullaje se remite a tres turnos de 611 elementos cada uno, lo que afirmó se trata de una gran irregularidad que se indagará a fondo.

Reveló además que por lo menos seis de cada 10 patrullas no son usadas para labores de vigilancia, y el sistema de videocámaras en la ciudad no funciona correcta ni completamente.

Junto con Salvador Caro, a quien nombró jefe de la policía, Alfaro dijo que en cien días se hará una depuración en la nómina de la corporación policiaca. El policía que no entienda que estamos para servir a la gente, deberá salir de la corporación, sentenció.

En Zapopan el edil Pablo Lemus cerró la dirección de obras públicas y denunció que en los últimos días de la pasada administración se otorgaron permisos y cambios de uso de suelo a desarrollos inmobiliarios fuera de todo orden, por lo que se realizará una auditoría.

En Tlaquepaque, la alcaldesa María Elena Limón dijo que varias dependencias no le han sido entregadas y afirmó que si los ex titulares siguen negando el acceso a los nuevos funcionarios, usará la fuerza pública para la entrega.

En Morelia, Michoacán, un juez penal dictó auto de formal prisión contra el ex coordinador de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Alberto Murillo Garnica, acusado de abuso de autoridad, porque obligó a sus subalternos a devolver viáticos por un total de 498 mil pesos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el juez consideró que hubo elementos para dictar auto de formal prisión contra el servidor público que laboró en la dependencia estatal en el periodo 2008-2012.

El ex coordinador de la policía auxiliar autorizaba viáticos por comisiones en el interior del estado, cuando los policías subalternos cobraban el dinero por ese concepto, Alberto Murillo los obligaba a entregar el dinero argumentando que las comisiones se habían suspendido.