Chihuahua, Chih.

Concesionarios del transporte público en esta capital, por conducto de su apoderado legal, Maclovio Murillo, interpusieron ante el Congreso local una denuncia de juicio político en contra del gobernador priísta César Duarte Jáquez, por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

La denuncia se fundamenta en la firma del mandatario estatal como deudor solidario en la compra de los 84 camiones del sistema de transporte colectivo Vivebús por un grupo de concesionarios, por un monto superior a 10 millones de dólares, equivalentes a más de 145 millones de pesos a la cotización promedio vigente en 2012.

La secretaría de servicios parlamentarios del Congreso estatal recibió la querella con fecha 30 de septiembre de 2015, un día antes de la presentación del quinto informe de labores de César Duarte, que el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, entregó por escrito, dado que el Ejecutivo debe guardar reposo absoluto durante nueve semanas por las lesiones que padeció en las vértebras lumbares a raíz del accidente que sufrió en el helicóptero oficial el pasado 14 de agosto.

En entrevista, el abogado Murillo sostuvo que Duarte no tiene facultades legales para firmar como deudor solidario en un crédito entre particulares, y al hacerlo violó el marco legal. No descartó que haya intereses económicos de por medio, pues los concesionarios fueron obligados a comprar una determinada marca y modelo de autobuses (Mercedes Benz Torino), no los de la marca Volvo, que ellos cotizaron inicialmente.

Fondos públicos para pagar un crédito de particulares

Agregó que para pagar la obligación adquirida con la empresa que vendió los camiones, el gobernador Duarte consiguió un crédito con Unión Progreso para la entonces llamada Coordinadora de Transporte Público, que operaba el Vivebús. El empréstito fue pagado por la administración estatal antes de la fecha de vencimiento, en octubre de 2012. Se pagó con dinero del gobierno un crédito de una empresa privada. El pago se hizo sin estar vencido el plazo a una institución de la que el gobernador y su esposa son accionistas, aseguró.

Maclovio Murillo dijo que los concesionarios se reservaron esta información sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de las unidades del Vivebús porque tenían la esperanza de llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre la ruta troncal y las alimentadoras.

Sin embargo, cuando el gobierno se hizo cargo de la ruta troncal, también les retiró facultades en la toma de decisiones sobre las rutas alimentadoras, lo que ha generado pérdidas económicas y molestia a los concesionarios representados por Murillo.

El abogado señaló que pueden pasar tres meses antes de que el Congreso desahogue la denuncia de juicio político, la cual deberá ser ratificada en los próximos cinco días hábiles. Si procede, el gobernador podría ser destituido o inhabilitado.