Asediado por denuncias de irregularidades financieras y morosidad, el gobierno de Veracruz no ha aclarado el uso de al menos 7 mil millones de pesos de recursos federales destinados a seguridad, salud, educación e infraestructura, entre otros rubros, según se desprende de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la cuenta pública de 2013.

La realización de 18 auditorías al gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa puso al descubierto el presunto uso irregular de 9 mil 64 millones de pesos, según el informe presentado en febrero. A la fecha está pendiente la aclaración del uso de 7 mil millones de pesos o su recuperación.

El desglose de las auditorías detalla que se detectaron anomalías en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (Fasp).

Por ejemplo, 278 millones de pesos se transfirieron a cuentas estatales y no se reintegraron a la cuenta del Fasp en 2013. El gobierno estatal deberá entregar al órgano fiscalizador documentos que acrediten que los recursos se aplicaron de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Coordinación Fiscal.

En ese mismo fondo, se detectaron irregularidades en el uso de 11 millones de pesos, supuestamente destinados a la adquisición de equipo informático. En una de las adquisiciones se erogaron 5.4 millones de pesos, pero los bienes aún se encuentran almacenados en instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En cuanto a los otros 5.6 millones de pesos, no existe evidencia de que los bienes presuntamente adquiridos hayan sido entregados. En este caso la ASF no ha iniciado el procedimiento resarcitorio, pues la observación aún está dentro del plazo de notificación.

En cuanto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013, la ASF requirió al gobierno veracruzano documentos que comprueben el uso de por 325 millones 968 mil pesos, que no habían sido devengados al 31 de diciembre de 2013.

En este mismo rubro existe una partida de 315 millones de pesos que el gobierno del estado no transfirió a los Servicios de Salud, aunque esta anomalía aún está en periodo de notificación.

Una partida de 15.1 millones de pesos, parte de un acuerdo entre la Secretaría de Salud federal y el gobierno estatal para el rubro de cuota social y aportación solidaria, se empleó para comprar con sobreprecio medicamentos que ni siquiera aparecen en el catálogo oficial de medicinas.

Una partida de 233 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Escuelas de Tiempo Completo, no había sido devengada ni reintegrada al 31 de diciembre de 2013, como estipulan las reglas de operación del programa. En este caso la notificación también está pendiente.