l panorama es aterrador: seis de cada diez mexicanos en edad y condición de laborar no tienen ninguna posibilidad futura de pensionarse; entre los 34 países de la OCDE, México ocupa la última posición en esta materia y la penúltima en América Latina (peor que Haití), y quienes llegan a ejercer ese derecho obtienen famélicos ingresos.

A pesar de ello, en materia de pensiones los logros son innumerables (sic y recontra sic) según afirman, con holgado recochineo, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) al resumir los éxitos de 18 años de privatización del sistema nacional pensionario, es decir, el que Ernesto Zedillo presumió (primero de julio de 1997) como la gran solución social al México moderno de hoy, (pues) se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, mediante el cual “los trabajadores (…) tienen la seguridad de que a su retiro tendrán una pensión justa”.

Y esa pensión justa resulta inexistente para la mayoría de los mexicanos (más de 60 por ciento de los ocupados), y verdaderamente ínfima para quienes milagrosamente llegan a contar con ella, o lo que es lo mismo, un nuevo sistema de ahorro y retiro más justo y productivo protege ahora a los mexicanos, y los hechos acreditan la justicia y la oportunidad del rescate de la seguridad social por el Estado mexicano (Zedillo dixit).

Algunos elementos dan cuerpo a tales afirmaciones: la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo advierten (estudio conjunto: Un vistazo a las pensiones en América Latina y el Caribe) que entre 26 países de la región considerados en el análisis, México se ubica en el lugar 25 (sólo por arriba de República Dominicana, aunque por debajo de Surinam y Haití).

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que con las reformas a los sistemas de pensiones no se ha logrado incorporar al sector informal de la economía, unos 30 millones de mexicanos en edad y condición de laborar están totalmente excluidos de la posibilidad de pensionarse. A ello se suman problemas asociados al mercado de trabajo, así como elementos económicos, institucionales, políticos y culturales, entre los cuales destacan el nivel de desarrollo económico de un país, la tasa de desempleo y los ciclos de la economía;

La economía mexicana se mantiene estancada desde hace tres décadas, la desigualdad permea y los salarios son miserables (resultan entre diez y 15 veces menores a los pagados en Estados Unidos y Canadá, los grandes socios del país); 65 por ciento de los mexicanos con ocupación laboral (alrededor de 34 millones) obtiene como máximo de tres salarios mínimos para abajo y 63 millones sobreviven en la pobreza.

La propia ASF advierte que conforme a la proyección realizada y utilizando el saldo registrado en las Afores al cierre de 2013, el grupo de trabajadores que actualmente tiene 36 años o menos alcanzará una pensión que cubrirá 30.7 por ciento de su sueldo; para las personas de 37 a 45 años el promedio será de 19.9 por ciento; para las personas de entre 46 y 55 años será de 13.8 por ciento y para las mayores de 55 años de 5.2 por ciento. Y como esos muchísimos más, pero en Hacienda y en la Consar celebran que en materia de pensiones los logros son innumerables.

Pero en este México justo, moderno y reformado no es lo mismo que lo mesmo. Si la mayoría apenas obtiene unos cuantos centavos, otros, muy poquitos, reciben generosísimas pensiones por pertenecer a la dorada burocracia, comenzando por los ex inquilinos de Los Pinos.

El caso más reciente, que no el único, se observó en Querétaro (La Jornada, Mariana Chávez), donde el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del estado, Jaime Escobedo Rodríguez, con 27 años de servicio en la administración pública y 44 de edad, solicitó al Congreso local autorizarle su jubilación mensual de 79 mil 516 pesos. Escobedo Rodríguez y José Pío X Tovar, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, son dos de los 15 funcionarios y trabajadores al servicio de los poderes de la entidad que solicitaron jubilación. Y en la ley la edad jubilatoria se incrementó a 65 años.

Pero hubo más: a los diputados locales sí les alcanzó el tiempo para aprobar el viernes (25 de septiembre) la jubilación por 77 mil pesos al mes de su colega priísta Francisco Javier Hernández Velázquez, quien fue director de Gobernación en la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro; también la del entonces presidente de la mesa directiva del Congreso, Marco Antonio León Hernández, quien recibirá pensión mensual de 47 mil pesos a partir del 16 de septiembre. En la misma fecha aprobaron la jubilación del entonces presidente del TCA, Salvador Rojas, por 68 mil pesos al mes, y la del diputado de Nueva Alianza, Jesús Galván Méndez, quien tenía pensión de 8 mil pesos pero la actualizó a 47 mil, su último salario como legislador.

Eso entre lo más reciente pero, de acuerdo con la ASF (con información al cierre de 2013), en otras partes se otorgan pensiones de ensueño (para los de hasta arriba, desde luego). Por ejemplo, 232 mil pesos mensuales en el Banco de México; 225 mil 200 en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, el hijo del Fideliq); 285 mil 500 en Luz y Fuerza del Centro (en proceso de liquidación); 254 mil en la Comisión Federal de Electricidad; 199 mil 700 en Bansefi; 208 mil 900 en la Universidad de Nayarit y en la de Nuevo León (ambas entidades públicas); 109 mil en el Consejo de la Judicatura Federal; 111 mil 800 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 250 mil en Petróleos Mexicanos y Banco Nacional de Comercio Exterior; entre 150 mil y 180 mil en Banobras y Nacional Financiera, y así por el estilo.

En el otro extremo, por ley la pensión mínima garantizada es de 2 mil 300 pesos en el IMSS y de 4 mil pesos en el Issste, aunque, como es costumbre, la ley está para violarse y muy pocos de los de abajo llegan a obtener esos montos, mientras el gobierno y las grandes empresas se financian muy barato con el ahorro de los trabajadores.

Tal vez esos sean los logros innumerables a los que se refieren la Secretaría de Hacienda y la Consar.

Las rebanadas del pastel

Como la volatilidad temporal (Videgaray-Carstens dixit) llegó para quedarse, el Banco de México prorrogó dos meses la subasta de dólares. Con todo, ayer el billete verde se vendió a 17:40 bilimbiques (17 mil 400, para quienes lo olvidan).

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