La política de desarrollo urbano de los años recientes en el Distrito Federal privilegia los intereses de los desarrolladores y grandes empresas comerciales sobre el interés general de sus habitantes, lo que ha generado inconformidad social y la exigencia, cada vez mayor, a las autoridades para que se detenga, ya que sólo beneficia a unos cuantos a costa de la violación de los derechos individuales y colectivos de la mayoría, advierte una iniciativa del partido Morena.

El documento, que ingresó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para aplicar medidas preventivas en materia urbana y ambiental, entre otros aspectos propone cancelar todos los proyectos denominados zonas de desarrollo económico y social (Zodes).

Esta concepción ha fomentado la privatización de los servicios y el equipamiento social, y ahora se pretende avanzar en la privatización de la infraestructura y del espacio público, cediendo cada vez más al interés particular la conducción del desarrollo urbano de la ciudad, añade.

La imposición de estos proyectos genera exclusión y segregación urbana, desarraigo y desplazamiento silencioso de comunidades; trastoca identidades de pueblos y barrios, al degradar la calidad de vida en los sitios donde se realizan y sus entornos inmediatos y ha sido favorecida por la propia Ley de Desarrollo Urbano, que abre paso a la discrecionalidad por el gobierno para llevar a cabo modificaciones a los usos de suelo.

Ante ello, propone cancelar la utilización de los instrumentos de planeación mediante los cuales se realizan modificaciones a la zonificación establecida en los programas delegacionales y parciales para que el desarrollo urbano ambiental se haga con los lineamientos de una nueva ley y sus respectivos programas delegacionales y parciales basados en la protección del hábitat.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, informó que la modificación de uso de suelo no aplicará en los 30 programas parciales establecidos en suelo urbano, que tienen por lo general valor, como son San Ángel, Polanco, Las Lomas o Chimalistac.

Se trata, dijo en entrevista, de zonas muy homogéneas, donde únicamente, cuando los vecinos circundantes estén de acuerdo, se procederá a su aprobación, lo cual, sin embargo, no aplicaría en los llamados pueblos o barrios originarios, como el Centro Histórico o el centro de Coyoacán.

De esta manera se frenarán muchas construcciones de grandes oficinas y viviendas, lo cual demanda la ciudadanía, que será ahora la que decida el proyecto de ciudad a futuro, con lo cual se evitará la afirmativa ficta, precisó.

La reinstalación del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable permitirá delinear las acciones a seguir en materia de vivienda, mientras se continúa con la discusión de la iniciativa de reformas a los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano que se entregó a la Asamblea Legislativa.