La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó ayer al gobierno federal a dar respuesta puntual a los planteamientos que hicieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, durante la reunión que sostuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto el jueves pasado.

Al cumplirse un año de la desaparición de los estudiantes, dijo, sería pertinente efectuar una revisión integral del expediente que abrió la Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de detectar omisiones o irregularidades que tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho.

Consideró que la voluntad política expresada en favor de la justicia y la verdad sobre lo acontencido el 26 y 27 de septiembre del año pasado debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de las pesquisas.

En un comunicado estimó necesario impedir el uso político de los hechos de Iguala y evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los mismos y que contamine las pesquisas.

La CNDH añadió que es momento de dejar de lado descalificaciones y sumar esfuerzos para avanzar en la realización de la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere.

Para ello, añadió, es preciso que se continúen atendiendo las observaciones contenidas en el documento Estado de la investigación del caso Iguala, que presentó en julio pasado, y se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Destacó que el esclarecimiento de este asunto sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos. Los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las indagatorias, propician la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes.

También expuso que es necesario dar transparencia, certidumbre y continuidad a las averiguaciones que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas que para el mejor trámite de la misma se tomen, las cuales, en modo alguno deben ocasionar dilación o afectar el debido curso de la misma.

La comisión reiteró su apoyo a las víctimas y se solidarizó con las preocupaciones que han expresados éstas, así como diversas organizaciones sociales y sectores de la sociedad sobre la falta de esclarecimiento de los hechos.

El organismo concluyó que no se puede permitir la impunidad en este caso ni en ningún otro. Lo sucedido en Iguala es un expediente abierto, cuya investigación continúa y en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos.