Designar a un intérprete práctico para los indígenas que están sujetos a proceso penal, debe ser la última medida por adoptar, después de que el Estado agote todas las vías posibles para contar con el apoyo de uno profesional o certificado que conozca la lengua y cultura de la personas a quien va a auxiliar, definió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual estableció que las figuras de intérprete (con conocimiento de lengua y cultura) y defensor, son parte del derecho fundamental para la defensa adecuada de los indígenas.

El fallo resuelve un amparo en el que señaló que la autoridad debe tener elementos para determinar que el traductor práctico no solamente habla la lengua del detenido, sino que también tiene las condiciones para conocer su cosmovisión derivada de la cultura, ya sea porque pertenece a la misma comunidad o porque tiene un referente de relación que le permite conocerlo.

En este asunto, los ministros consideraron que se violó el derecho de defensa adecuada de un indígena, aun cuando fue asistido durante su declaración ministerial por un pasante de derecho que habla tzeltal, pues un pasante en derecho no cuenta con la capacidad técnica para apreciar lo que jurídicamente le es más conveniente al indiciado, ya que para garantizar la defensa adecuada es necesario que esté representada por un licenciado en derecho.

Los ministros revocaron la sentencia impugnada y devolvieron el asunto a un tribunal colegiado para que emita una nueva sentencia.