esde que comenzó su mandato, hace tres años, Miguel Ángel Mancera tenía muy en claro lo que quería, y eso era dejar, al término de su gestión, una ciudad diferente, más bella, decía el jefe de Gobierno, y a ese adjetivo añadía mejor comunicada.

Por ahí empezó. Jardines, pasos a desnivel, vías para el Metrobús, entre otras cosas, fueron, y seguramente son, los programas urbanos que se han ido encajando en diferentes zonas de la ciudad. Programas que han enfrentado el rechazo de vecinos, organizaciones civiles y hasta partidos políticos, que han significado el retraso en las obras, y en algunos momentos incluso la posibilidad de su cancelación.

Esas manifestaciones crearon un ambiente muy desfavorable para la administración central, y bien se podría decir que, hoy por hoy, no se puede anunciar una obra sin que de inmediato surjan voces, y hasta organizaciones, opositoras, que cuando menos frenan los proyectos que el gobierno de Mancera propone.

Y es que es eso: la falta de comunicación, que se convierte en un obstáculo cada vez más difícil de salvar. Los vecinos, en casi todos los casos, se confiesan sorprendidos por las iniciativas del gobierno, lo que crea una primera instancia de rechazo, porque parece o trata de invadir zonas muy identificadas, significativas, aunque muchas veces olvidadas, por los grupos vecinales.

En muchas ocasiones los mismos vecinos advierten que ciertas obras son necesarias en esta o aquella calle, pero que tratarán de impedirlas porque no saben con certeza qué es lo que se va a hacer o porque tienen la experiencia de otras construcciones realizadas por empresas que cometen cualquier tipo de abusos, y que son protegidas por los gobiernos, pero que siempre resultan dañinas para el vecindario.

Frente a todo esto, Miguel Ángel Mancera ha decidido modificar la Ley de Desarrollo Urbano para crear, entre otras cosas, una instancia técnica que se encargará de las posibles modificaciones al uso del suelo, luego de realizar consultas con los habitantes de las zonas que podrían ser afectadas por los trabajos de urbanización.

No, de ninguna manera se le podría calificar de ley suicida con la que el gobierno se maniatará o bien caerá en la inmovilidad. No, la idea es hacer participar a la gente con la premisa de hacer valer los requerimientos del lugar y la opinión vecinal, siempre que ésta tenga fundamentos basados en el bienestar común.

Por ningún motivo podríamos decir que será una tarea fácil; por el contrario, la tarea significa que se deberá estructurar, dentro del organismo técnico o en cualquier otro, un instrumento de comunicación que rompa con el argumento principal de la oposición real a las obras, que la gente se sienta sorprendida por el gobierno porque no se les avisa de lo que se quiere hacer con lo que consideran su suelo.

Informar con claridad y profusamente sobre las intenciones del gobierno es un deber que ahora parece que ya se entendió en el gobierno de la ciudad, pero que aún no permea entre las empresas a las que se encargan los trabajos de transformación y que terminan convertidas en algo así como los patrones del gobierno y de los vecinos. Aguas con eso.

De pasadita

En la Asamblea Legislativa del DF nada está decidido en cuanto al mando. Morena y PRD tienen más diferencias que Morena y PAN, y el problema principal es la confianza. Hasta dónde han abdicado de sus principios los diputados del sol azteca. Ahí está el gran problema, y ese es, sin duda, un asunto de fondo que no está resuelto.

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