e tenido la oportunidad de leer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa. Es muy extenso y sería para mí imposible hacer un resumen válido o útil para mis lectores.
Sin embargo, quiero destacar el profesionalismo de sus autores, mismos que no sólo descifraron y ordenaron los 115 tomos que les proporcionó la Procuraduría General de la República (PGR), sino que ampliaron la investigación a otras vías de interés que fueron omitidas por las autoridades involucradas o que eran contradictorias en su contenido, carente, por cierto y en la mayoría de los casos, de análisis e interpretaciones de conjunto. Conviene recordar que la principal línea de investigación de las autoridades mexicanas se basó en las confesiones
de algunos de los detenidos como principales sospechosos del crimen cometido contra los normalistas. La PGR quiso cerrar el caso con tales confesiones
, pero ahora sabemos que, incluso siendo válidas (que no lo creo), fueron insuficientes para concluir la verdad histórica
del ahora ex procurador general de la República.
El grupo de expertos –dijo– tuvo plena libertad para investigar lugares, personas, vehículos y todo lo que consideraron necesario para su trabajo, salvo al Ejército que, para variar, no abre sus puertas a los civiles, como si tuviera un estatus metaconstitucional o fuera embajada de otro país.
Una de sus conclusiones más relevantes es que el destino de los normalistas no asesinados es todavía incierto; es decir, no se sabe de forma concluyente si fueron muertos o desaparecidos y si éstos están aún con vida. A un año de distancia es posible que si no han sido encontrados, ni muertos ni vivos, los desaparecidos hayan sido asesinados, algunos en Iguala y cercanías, otros quién sabe dónde, pero no hay evidencia alguna de que fueran secuestrados y escondidos en algún lado o en varios lugares. Si se valiera la hipótesis de los secuestros, la pregunta obligada es: ¿para qué y a cambio de qué? Y una más: ¿les dan de comer para que no fallezcan de hambre? ¿Quién estaría interesado en mantenerlos con vida durante un año y por qué?
Otra conclusión importante, y sobre la que ya había estudios realizados por expertos mexicanos, es que en el basurero de Cocula no pudieron ser incinerados cuatro decenas de personas, normalistas o no, en el tiempo y bajo las condiciones que describió irresponsablemente la PGR con Murillo Karam. Sí es posible que restos de los normalistas muertos estuvieran en el río San Juan, como se demuestra con el ADN de dos de las evidencias enviadas a los expertos de Innsbruck, pero de ahí no puede afirmarse que los restos de todos los jóvenes de Ayotzinapa, muertos o desaparecidos, se encontraran o se encuentren en dicho río. Tampoco puede decirse, responsablemente, que de existir dichos restos en el río hubieran sido trasladados del basurero de Cocula o hayan sido cremados en éste. El basurero y el río están relativamente cerca, pero nada más: no guarda relación de causalidad lo que haya ocurrido en el basurero (si de verdad ocurrió algo significativo) y los poquísimos hallazgos del río, ni siquiera encontrando más huesos cuyo ADN coincidiera con los familiares directos de los normalistas hasta ahora desaparecidos.
Si bien es muy poco probable (o imposible) que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, bien pudieron ser cremados en otros sitios o trasladados en vehículos a otros lugares, incluso lejanos, donde pudieron haberlos desaparecido-asesinado al estilo narco (recuérdese que El Pozolero, al servicio del capo Arellano Félix, confesó haber disuelto con sosa cáustica más de 300 cadáveres, según la mención de Turati en Proceso, 5/06/15). Difícil peinar
el país entero para encontrarlos y comprobar, por sus restos, que fueron estudiantes de la Normal Isidro Burgos. ¿Por qué no pensar que los hallazgos
de la PGR en Cocula y en el río San Juan, además de las confesiones
de los primeros responsables
detenidos, fueron parte de un plan para tener soluciones
rápidas y cerrar el caso con una verdad histórica
que nadie creyó? No sería la primera vez que las autoridades montan escenarios para ocultar lo que de veras está detrás: recuérdese el caso de La Paca Zetina y los huesos sembrados en El Encanto en 1997; o los montajes de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, acusado de nexos con el cártel de Sinaloa, concretamente con El Chapo Guzmán (acusación que también alcanzó a su ex colaborador Rubido García, ahora destituido de la Comisión Nacional de Seguridad).
En la misma lógica del involucramiento de narcos ligados a la producción y distribución de heroína (en el llamado Pentágono de la Amapola
de Guerrero) está el énfasis del GIEI sobre el quinto autobús
y el trasiego de droga a Chicago, Estados Unidos. Es claro que en este tema los estudiantes de Ayotzinapa no estaban involucrados, pero sí cabe la hipótesis, señalada por Magdalena Gómez en su artículo del martes pasado, de “la colusión policiaca con bandas de delincuencia organizada; [lo que] coloca en el centro la probable motivación para el ataque feroz contra los estudiantes en torno a los autobuses que tomaron circunstancialmente…” El acento de la investigación del GIEI sobre ese autobús es por su posible significado en el tráfico de heroína y porque, según peritos, también fue parte de las inexactitudes del voluminoso informe de la PGR murillista y de la confrontación de fotografías realizada por el grupo de expertos independientes.
En resumen, el informe del GIEI no sólo aclara mucho de lo ocurrido en Iguala y con los normalistas muertos y desaparecidos, sino que abre otras líneas de investigación que no siguió la PGR. Sin embargo, la investigación no puede cerrarse todavía; deberá continuarse.
