a Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió ayer la convocatoria a aspirantes a ocupar la rectoría en sucesión de José Narro Robles, quien actualmente la encabeza y deberá terminar su gestión el 16 de noviembre. Quienes estimen cumplir con los requisitos establecidos en la legislación universitaria o que estén interesados en ser considerados para el cargo tienen de plazo hasta el 4 de octubre para entregar la documentación que acredite su trayectoria y su programa de trabajo. Asimismo, el máximo organismo universitario convocó a los integrantes de la comunidad universitaria a emitir su opinión, sea por escrito o ante comisiones ad hoc, para recabar distintas posturas.

La selección de la nueva rectoría tendrá lugar en un entorno particularmente difícil para el país, del cual se desprenden riesgos inocultables para la UNAM. Para empezar, quien tome en sus manos las riendas de la institución a partir de noviembre próximo deberá empeñarse en evitar que el Ejecutivo y el Legislativo federales recorten el presupuesto que se destinará en 2016 a la máxima casa de estudios, medida que parece probable dados el poco halagüeño panorama económico y la proverbial tendencia a disminuir los recursos para la educación cada vez que es necesario hacer frente a una situación financiera crítica.

Asimismo, en el contexto de la restauración priísta que tiene lugar en el país, será necesario resistir el retorno del viejo hábito mental de las presidencias omnímodas que buscaban hacer de la rectoría de la UNAM una posición más del equipo gubernamental. En otros términos, se requiere que la nueva autoridad universitaria sea desempeñada por una persona profundamente comprometida con el principio de la autonomía.

Por otra parte, es razonable suponer que la tasa de rechazados –que no necesariamente lo son por su mal nivel académico sino, sobre todo, por la falta de cupo en la institución a la que aspiran a ingresar– se mantenga o siga aumentando. Este año dicha tasa fue de más de 90 por ciento de los que presentaron el examen de admisión, lo que significa que más de 117 mil jóvenes no pudieron ingresar a la UNAM. Esa circunstancia podría traducirse en cualquier momento en una presión social y política inmanejable.

Lo más preocupante, con todo, es la persistente tendencia a la privatización de la educación, impulsada desde los principales promontorios de poder político, económico y mediático. Los promotores de esta postura tienen en la mira desde hace varios lustros a la máxima casa de estudios, y están dispuestos a aprovechar cualquier escenario de conflicto que surja en ella o en torno a ella para debilitar el sentido de la enseñanza superior pública y fortalecer modelos educativos elitistas y excluyentes.

La próxima rectoría de la UNAM deberá, pues, navegar en aguas turbulentas y riesgosas. Cabe esperar que la Junta de Gobierno elija a la persona más capacitada y dispuesta a hacer frente a los desafíos que se vienen.