La segunda reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tendrá lugar mañana a las 13 horas en la residencia oficial de Los Pinos.

Diversas fuentes confirmaron lo anterior y ratificaron la asistencia al encuentro, además, de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de representantes de organizaciones civiles que acompañan desde hace casi un año a los familiares de las víctimas.

Donde habrá una composición distinta de los asistentes será en el lado gubernamental. Esta vez, en lugar del entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam acudirá quien desde marzo ocupa esa oficina, la ex senadora Arely Gómez, y por la Oficina de la Presidencia ahora participará Francisco Guzmán, quien relevó a Aurelio Nuño Mayer, designado secretario de Educación Pública en agosto pasado.

Previsiblemente formarán parte del equipo que acompañe al titular del Ejecutivo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. Y aunque no se ha dado la lista completa de quienes participarían por la parte oficial, podría asistir el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien recién sustituyó a Monte Alejandro Rubido.

El pasado 29 de octubre y durante más de seis horas, Peña Nieto se reunió con una comisión de las 43 familias y con integrantes del Comité Estudiantil de Ayotzinapa.

Resultado de ese encuentro fue una minuta con 10 acuerdos, donde el gobierno de la República se comprometió a profundizar o rediseñar, si así fuera el caso, el plan de búsqueda de los normalistas y centrar las pesquisas en encontrar con vida a los desaparecidos.

Además, se acordó establecer una comisión mixta de seguimiento e información con personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Gobernación para tener oportunamente enterados a los padres de familia, estudiantes, abogados y demás,y así respetar su derecho a la coadyuvancia en la investigación. Asimismo, se precisó que el gobierno continuaría brindando facilidades y apoyo a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, habilitados como peritos en este caso.

El cuarto punto se refirió al reconocimiento de los estudiantes de la normal como una comunidad que se encuentra agraviada por los hechos ocurridos en Iguala; además, la PGR garantizó el debido proceso de los acusados en este caso.

Asimismo, la PGR se comprometió a investigar a toda persona señalada de participación en los hechos, para evitar cualquier tipo de impunidad; Gobernación hizo el compromiso de llevar adelante el Plan de Atención Victimal y la reparación integral de los daños.

El gobierno suscribió ahí mismo su deber de continuar la prestación médica a las personas heridas, a llevar adelante un programa de redignificación de las normales rurales del país, y solicitar la asistencia técnica a la CIDH para la investigación de la tragedia de Iguala.