l presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, afirmó ayer, en respuesta a las críticas por el elevadísimo presupuesto que se otorgó a sí misma esa institución, que si se desea hacerla más ligera debería ser mediante una reforma constitucional y no por la puerta de atrás del recorte ciego.

Como elementos de contexto a tal declaración debe recordarse que, según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el INE es, en gasto por empleado, el más oneroso de los organismos autónomos, con 102 pesos por trabajador, frente, por ejemplo, a los 12.11 pesos per cápita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El proyecto de presupuesto para 2016 aprobado por el INE asciende a 15 mil 473 millones de pesos –cantidad que excede en más de 2 mil millones de pesos al que se ejercerá este 2015, pese a que el próximo año no habrá elecciones federales– y parte de este monto se explica por gastos difícilmente justificables, como la inversión de 20 millones 300 mil pesos en una sala de prensa que funcionó únicamente nueve días.

Ninguna de las voces críticas se ha manifestado por reducir las atribuciones legales de la institución; se pide, simplemente, que ésta ponga un alto al derroche y a la frivolidad, especialmente en momentos en que la mayor parte de la sociedad ha visto reducidos sus niveles de vida por la difícil circunstancia económica por la que atraviesa el país.

Para ello no se requiere, por supuesto, modificación alguna al marco legal que da sustento al instituto electoral. Plantearlo en esos términos pone de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad de la dirección del INE para comprender que en las actuales condiciones no sólo es posible, sino también urgente adoptar medidas administrativas de emergencia y sentido común a fin de racionalizar recursos y reducir gastos innecesarios.

Tales actitudes no son, por desgracia, exclusivas de Murayama. Hace menos de un mes el propio presidente del Consejo General de la institución, Lorenzo Córdova, en respuesta a quienes criticaban el abultado presupuesto de la institución, afirmó: Ni modo, hacer elecciones es caro.

Más aún, semejantes actitudes, que se amparan en cualquier distorsión conceptual con tal de justificar los dispendios a costa de los ciudadanos, imperan en la mayor parte de las instituciones públicas, como los tribunales electorales, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia o el Poder Ejecutivo.

Cada vez que un miembro del funcionariado exhibe su falta de disposición para percibir las circunstancias dolorosas del país con expresiones rayanas en el cinismo, socava la credibilidad de las instituciones que controla; alienta, de esa forma, el creciente divorcio entre éstas y la población, y refuerza la impresión de que quienes ocupan cargos públicos han perdido el sentido cívico y la empatía con los sectores mayoritarios de la sociedad.