ada vez es más común que abogados tramposos o falsos denunciantes planteen juicios o controversias retorciendo los hechos para lograr impunidad propia y daño a un inocente. El victimario se ostenta como víctima, altera las circunstancias, modifica el escenario y busca que la acción de la justicia opere en sentido contrario. Esta estrategia suele requerir de un régimen de aplicación del derecho deformado, de redes de influencia paralelas más fuertes que la ley misma y también de jueces a modo, ignorantes del entorno, inexpertos o simplemente descuidados.

Recuerdo un caso ejemplar de esta práctica funesta. Se trataba del reclamo por la representación sindical del contrato colectivo de trabajo de la línea aérea Aviacsa. La mayoría de sus pilotos se había afiliado a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa), a pesar de la imposición de un sindicato blanco por la empresa. En plena audiencia de votación, frente a los propios funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, irrumpieron varios individuos quienes, en una acción coordinada, empezaron a golpear a los pilotos sufragantes, sus dirigentes y asesores legales, privándolos de sus pertenencias, cámaras y videos incluidos, para evitar que quedaran evidencias. Ese mismo día los afectados presentaron las denuncias por esos hechos, aun cuando los funcionarios de la junta, por orden de su presidente, se negaron a reconocer lo que sus ojos habían visto.

Al día siguiente, un representante de la empresa se comunicó a Aspa para plantear una negociación: Quita tu denuncia y yo quito la mía. En efecto, con el testimonio falso de un tal José Omar Guzmán Díaz habían presentado otra denuncia poniendo las cosas al revés: en ella, el abogado que había sido víctima aparecía como jefe de los golpeadores, en el mismo lugar y las mismas horas, sólo cambiando las personas.

La misma táctica de plantear los hechos al revés es la que lleva a cabo la trasnacional zapatera Bata-Sandak contra sus trabajadores en Calpulalpan, Tlaxcala, según las constancias aportadas hasta el momento por los afectados, que se resumen en cinco puntos:

Primero, la patronal cierra ilegalmente la fábrica, dejando en la calle a los trabajadores, omitiendo cumplir con el procedimiento que la Ley Federal del Trabajo impone para justificar la terminación colectiva de las relaciones de trabajo y el propio contrato colectivo celebrado por tiempo indefinido. La empresa no estaba en quiebra; no demostró la incosteabilidad ni las causas que la ley establece para el cierre, por lo que hasta la fecha continúan legalmente vigentes las relaciones de trabajo. Apostó a que los obreros iban a aceptar una miseria de finiquito con pagos menores a los que ordena la ley y se verían obligados a aceptar la propuesta de convertirse en maquiladores a domicilio, sin seguridad social, sin sindicato y sin relación de trabajo.

Al ver que los trabajadores exigían la permanencia de su empleo y planteaban que en todo caso se justificara legalmente el cierre patronal, la empresa optó por afirmar que fueron los trabajadores quienes cerraron la empresa. Todo al revés.

Segundo, ante el cierre ilegal de la planta y al no cubrirse sus salarios, los trabajadores –atendiendo a lo que señala la propia ley laboral– exigieron el cumplimiento del contrato colectivo por la vía de la huelga; además, existía el agravante de que la empresa había ordenado la salida de la maquinaria. La Junta de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que había dado fe del paro patronal, declaró inexistente la huelga, echándole la culpa a los trabajadores de la suspensión de labores.

Tercero, declarada la inexistencia de la huelga, la ley laboral ordena que la fuente de trabajo continúe operando y se inicien las labores dentro de las 24 horas posteriores. Todos los trabajadores se presentaron a las siete de la mañana del día siguiente y ni los patrones ni los representantes de la junta aparecieron; entonces decidieron solicitar por escrito a ésta que mandara inspectores que dieran fe de que se encontraban en la fábrica en espera de la apertura. Nadie les contestó. Mucho tiempo después se les acusó de no haberse presentado.

Cuarto, la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tlaxcala, alegando tener instrucciones del gobernador del estado, negó la toma de nota o registro legal de la directiva del sindicato. Los trabajadores acudieron al amparo y el juez de distrito, en una resolución que acredita su falta de conocimiento en temas laborales, omitió considerar que la junta laboral actúa como autoridad administrativa y no jurisdiccional en esta materia, que no existe la figura de la cosa juzgada y que negar la toma de nota es tanto como cancelar el registro del sindicato sin juicio, situación expresamente prohibida por la ley y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de que para entonces habían pasado ya cuatro años en este calvario, los trabajadores acudieron al tribunal colegiado del vigesimoctavo distrito en Tlaxcala para reparar la violación a su libertad sindical. Éste ha tardado 15 meses en resolver el asunto.

Quinto, Bata-Sandak, a pesar de haber despojado a los trabajadores de su empleo, decide acusar a la directiva sindical, irónicamente, de despojo, por encontrarse fuera de la fábrica esperando que la justicia llegue algún día; como consecuencia, su valiente dirigente, Gustavo Labastida Andriano, cumplió antier 30 días en el Cereso de Apizaquito, Tlaxcala. La juez primero penal del distrito judicial de Sánchez Piedras, licenciada Claudia Pérez Rodríguez, en su resolución, textualmente le señala: “…se le concede el beneficio de su libertad provisional bajo caución y para tal efecto deberá exhibir la cantidad de cuarenta y tres millones novecientos sesenta mil seiscientos cuatro pesos con diez centavos, por concepto de reparación del daño…” Sobran los comentarios.

Este caso, que se repite constantemente en diversas regiones del país, exhibe el papel que juegan las autoridades y los encargados de impartir justicia; demuestra también que por la vía legal las cosas se mueven al revés; que sólo la lucha tenaz y solidaria a escala nacional y la presión internacional harán posible que las cosas cambien. Por lo pronto, diversas organizaciones a nivel mundial anuncian un boicot a las marcas de la trasnacional Bata, entre otras North Star, Bubblegummers, Marie Claire y Ambassador.