yotzinapa es hoy la nación entera, reclamando al gobierno sus argucias y mentiras para ocultar el crimen cometido contra un grupo de jóvenes estudiantes, a los que decidieron desaparecer, por razones que ahora están obligados a hacer del conocimiento público, diciéndonos qué hicieron con ellos y, si están vivos, reintegrarlos a la sociedad de la que forman parte, en cuanto ajenos a cualquier delito.
A un año de este crimen de lesa humanidad, el presidente Enrique Peña Nieto, con el grupo que detenta el poder, ha perdido no sólo la credibilidad de sus palabras y compromisos con la nación por este hecho, sino su capacidad misma de gobernar, agravada por los escándalos de corrupción en los que de manera personal se ha visto envuelto, generando con ello un daño irreparable a la nación por el terrible ejemplo que ha dado por igual a quienes se desempeñan en todos los puestos y niveles de gobierno como a los jóvenes que, estando todavía en la escuela, saben ya que en México el camino para el éxito y la riqueza fácil se logra mediante la violación a las leyes, aprovechando la impunidad existente cuando se accede al poder.
De acuerdo con el informe recientemente entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con los reportajes de la revista Proceso, Ayotzinapa representa no sólo un crimen contra esos jóvenes, sino el involucramiento de diferentes niveles y estructuras de gobierno, incluyendo las mismas fuerzas armadas, en actividades propias del crimen organizado, generando un enorme desprestigio para una de las instituciones que históricamente ha sido baluarte de la República.
La renuencia de las autoridades a permitir que se interrogue a los integrantes del Ejército que operan en Iguala y fueron testigos de los hechos o pudieron participar en ellos, lejos de esclarecer la verdad, ha dado lugar a la generación de todo tipo de dudas que no debieran existir, menguando la credibilidad en esa institución. Las desafortunadas declaraciones del secretario de la Defensa Nacional a lo largo de estos meses no han logrado otra cosa que incrementar la desconfianza del pueblo de México.
La Consulta Nacional por Ayotzinapa, que La Jornada ha colocado en su portal de Internet, habrá de constituir por sí misma un señalamiento claro y directo de la sociedad mexicana en relación a su percepción de este hecho, que sin duda ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva del país, luego de haber conocido tanto las protestas y demandas de los padres de familia, de las organizaciones civiles de derechos humanos y del Centro de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, como los resultados de las investigaciones
de los órganos de gobierno responsables de la indagación y sus adláteres de la televisión, la radio y la prensa, desmentidas por la revista Proceso, por Carmen Aristegui y otros medios comprometidos con la sociedad mexicana, así como por los grupos internacionales invitados a realizar investigaciones independientes.
Con esta consulta, La Jornada busca conocer y hacer pública la percepción de la ciudadanía en torno a este hecho que hoy ocupa un lugar importante en la conciencia colectiva de la nación, considerando que en su misión de informar un elemento de suma importancia es dar a conocer a cada uno de sus lectores y a la sociedad en su conjunto, no sólo lo que sucede en el país, sino también cuáles son los pensamientos y concepciones mayoritarias que ella misma tiene, lo cual sin duda le ayudará a tomar nuevas decisiones para resolver los problemas que la nación enfrenta.
Por ello invitamos a nuestros lectores y a todos aquellos que, sin serlo, deseen expresar su opinión sobre lo sucedido en Ayotzinapa y sobre la participación del gobierno en este hecho lamentable, que es de interés para la sociedad entera y con ello para el futuro de la nación, poniendo así a disposición de la sociedad mexicana y de quienes, sin ser parte de ella, están interesados en lo que sucede en México y en conocer la opinión mayoritaria de su pueblo.
La nación enfrenta hoy grandes y graves problemas en temas de seguridad nacional, de delincuencia organizada, de economía, de deuda pública, de enajenación de sus recursos naturales, de privatización de servicios considerados como derechos sociales, así como sobre la orientación que se debe dar al gasto público en beneficio del país. Consideramos que todos ellos son temas que pueden y deben ser sometidos a consulta, para conocer la voluntad del pueblo de México. ¿Tiene sentido construir un nuevo aeropuerto para la ciudad de México? ¿No sería más sensato dedicar ese dinero a mejorar la educación y a la salud? De acuerdo con la Constitución, es el pueblo en quien reside el poder y éste debe ser consultado para conocer su voluntad en todo aquello que afecte su bienestar presente y futuro.
La importancia y trascendencia de este mecanismo que hoy se define crecerá en la medida de la participación ciudadana que logremos con este nuevo servicio que La Jornada ha puesto en operación y que ahora se inicia con la Consulta Nacional por Ayotzinapa; por ello, requerimos de tu participación y tu apoyo invitando a otros a sumarse a ella.
El respaldo de los articulistas de nuestro diario, así como de las jornadas que operan en los diferentes estados de la República y de la prensa independiente de todo el territorio nacional, invitando a sus lectores a participar y promover la consulta, habrá de conformar un reforzamiento importante para su difusión; de igual manera, a nombre de La Jornada solicitamos el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y la Fundación para la Democracia, así como de todos los líderes de los movimientos sociales, que luchan por una renovación del país, para promover y difundir esta consulta que estaremos realizando entre los días 19 de septiembre y 15 de octubre, con el fin de mostrar la solidaridad del pueblo de México con los padres, familiares y amigos de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en su lucha por la justicia, que es de todos.
