a lamentable muerte de ocho turistas mexicanos y las lesiones sufridas por otros seis a consecuencia de un ataque perpetrado por fuerzas militares y policiales cuando paseaban por un paraje desértico de Egipto, siguen sin ser esclarecidas, a pesar de las gestiones del gobierno de México y las promesas de las autoridades egipcias de realizar una investigación expedita, exhaustiva y transparente, como ofreció el canciller Sameh Shoukry a su homóloga mexicana, Claudia Ruiz Massieu, quien viajó a El Cairo con los propósitos específicos de buscar una aclaración y ofrecer asistencia a las víctimas.

Por el contrario, tres días después de ocurrido el trágico suceso, los familiares siguen sin poder saber qué ocurrió y lejos de actuar con la transparencia ofrecida, la fiscalía egipcia ordenó la censura de cualquier noticia relacionada con la investigación. Hasta ahora sigue sin determinarse claramente si el grupo de turistas fue introducido por error en una zona de acceso prohibido, como asegura la versión oficial, o si, como afirman fuentes particulares del sector turístico egipcio, el ataque se produjo fuera del área en que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados irregulares.

Para colmo, el canciller Shoukry, en una carta abierta a México, complicó las cosas al comparar el conflicto que se desarrolla en su país con la violencia que sufre México en el contexto del auge delictivo y la criminalidad organizada. Tal señalamiento causó molestia en el gobierno nacional, el cual respondió, por voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se trata de dos contextos totalmente distintos.

De esta manera, además de la tragedia de la pérdida de vidas y de las personas lesionadas, así como de la angustia e incertidumbre de los familiares de las víctimas, se suma un indeseable roce diplomático entre los dos gobiernos.

La circunstancia es delicada. Ciertamente, la prioridad del momento debe ser asistir a los sobrevivientes del ataque y a los parientes de los fallecidos en este difícil trance, pero también es necesario pugnar por el pleno esclarecimiento y la procuración de justicia ante una agresión injustificable que, para mayor complicación, tiene como telón de fondo la crisis política en curso en el país árabe: el ataque, en efecto, ocurrió un día después de la renuncia del primer ministro Ibrahim Mehleb, quien permanece en el cargo en calidad de interino y ha sido encargado por el presidente Abdul Fattah al-Sisi de encabezar la investigación del episodio.

En tales condiciones, las autoridades nacionales deben operar con un cuidadoso equilibrio entre la firmeza y la prudencia, no sólo para aliviar la situación de los heridos y de los deudos de los fallecidos, sino también para evitar que el ataque y sus secuelas provoquen un perjuicio grave a las relaciones bilaterales.