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Morena y PRD acatarán exhorto de CDHDF

Revisará ALDF artículos que criminalizan protestas
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de septiembre de 2015, p. 35

Los partidos Morena y de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) manifestaron su disposición a acatar la recomendación que emitió el pasado lunes la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) para derogar del Código Penal los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad.

En entrevistas por separado, la diputada local de Morena Aleida Alavez Ruiz y el legislador perredista Raúl Flores García coincidieron en que, aun cuando el gobierno de la ciudad no se ha manifestado en torno a dicha recomendación, una vez que se instalen las comisiones del órgano legislativo y empiecen a funcionar, estará entre los primeros temas a revisar.

La CDHDF solicitó suprimir el artículo 362 del Código Penal, que estipula el delito de ataques a la paz pública, también en una recomendación relacionada con las detenciones ocurridas en los disturbios del 1º de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.

La pasada legislatura cedió a las presiones del PAN y solamente modificó la sanción, reduciendo la pena, que era de cinco a 30 años de prisión, lo que impedía a los procesados por este delito acceder a la libertad bajo fianza, a una de dos a siete años, que permite a los jueces conceder dicho beneficio.

Esta vez la CDHDF, en las recomendaciones que emitió relacionadas también con quejas que se presentaron contra la actuación de la fuerza pública en las movilizaciones del 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como la del 22 de abril del año pasado, vinculó a la ALDF pidiendo la derogación del tipo penal, así como del artículo 287 sobre ultrajes a la autoridad, que tiene una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 20 a 100 veces el valor de la unidad de cuenta de la ciudad de México, es decir, mil 399 a 6 mil 995 pesos.

Alavez y Flores convinieron también en que el bien mayor a custodiar en este caso es la libertad de expresión, el libre tránsito y el derecho a la libre manifestación.