El partido Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de adición al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de imponer reglas de operación a los programas de atención social.

El legislador Emiliano Álvarez López dio cuenta de la propuesta, que pretende abrir las puertas a la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, la simplificación de trámites y procedimientos, así como definir mecanismos que garanticen que los programas de desarrollo social no serán usados con fines electorales o de promoción social de los servidores públicos.

Busca regular y acotar los márgenes de discrecionalidad en la operación de los programas y los riesgos potenciales de manipulación político-electoral o de uso distinto para el que fueron concebidos dichos programas.

El diputado Álvarez López propuso también poner en marcha acciones para inhibir y combatir la corrupción y el uso político de los programas.

Blindar los programas sociales no es sólo un deber impuesto por la ley. Ese, en el fondo, es un imperativo que deriva del deber moral de los gobiernos, para igualar a los mexicanos en sus derechos y oportunidades. No hay ofensa mayor a los ciudadanos ni contradicción ética más grave que los autores de las conductas corruptas sean los mismos que tienen la obligación de velar por el interés público y la vigencia del estado de derecho.