La Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ejerza su facultad constitucional de investigar violaciones graves a las garantías individuales y la presunta venta de menores de edad en Sonora, donde se descubrió una red de tráfico de niñas y niños operada por funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

Con el voto en favor de todas las fracciones parlamentarias, el pleno de la Cámara hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se inicie una averiguación previa y se proceda contra quienes resulten responsables por los delitos federales de trata de personas, delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.

A propuesta de la diputada Sylvana Beltrones Sánchez (PRI), la Cámara de Diputados solicitó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, intensificar los exámenes de confianza a servidores públicos de su administración, en particular a los que desempeñan actividades vinculadas con la protección y custodia de menores y adolescentes.

Desde la tribuna parlamentaria, la legisladora priísta refirió que a pesar de tratarse de un hecho doloroso e indignante, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó al menos seis meses en investigar las denuncias que recibió del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y en girar órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la red.

Refirió que desde marzo pasado el gobierno de Estados Unidos alertó al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, respecto de una red de tráfico de menores que operaba en Sonora, con alcance internacional, manejada por funcionarios estatales. Sin embargo, las órdenes de aprehensión se giraron hasta el 20 de agosto pasado.

Citó que mediante el oficio ICE007/2015, el Departamento de Seguridad Interior advirtió a Navarro Sugich que, de acuerdo con información obtenida mediante una fuente confidencial en Sonora, se había integrado un grupo de personas que vendían recién nacidos a parejas mexicanas y estadunidenses para que éstas se convirtieran en los padres biológicos de manera legal.

Aun cuando ese reporte señalaba a José Manuel Hernández López, ex jurídico de la Unión Ganadera de Sonora, y su pareja, Emma Consuelo Falcón Etchechury, la PGJE los citó, los liberó de inmediato y ahora están prófugos.

La procuraduría local ha sido poco contundente y es necesaria la intervención federal (para) que lleve el caso a los cauces de la eficacia y la investigación seria, expresó Beltrones Sánchez.

El acuerdo fue votado por unanimidad y decenas de diputados hicieron fila en la mesa directiva para suscribirlo.

Por otra parte, durante la sesión, la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nahle, presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exija la renuncia del director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por el posible conflicto de intereses, tráfico de influencias y hechos de corrupción en que incurrieron en el otorgamiento de concesiones, contratos y proyectos a la empresa OHL México y sus filiales.

Después de que se difundieron nuevos audios que relacionan a ambos funcionarios, Nahle pidió que la SCT, la empresa y la Comisión Federal de Electricidad hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos con OHL, y que se pida a la Auditoría Superior de la Federación que los revise.

La propuesta de la diputada se turnó a comisiones.